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La infraestructura digital se convirtió en un nuevo campo de batalla geopolítica. En Chile, un ambicioso proyecto para tender un cable submarino de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong genera creciente preocupación entre legisladores y analistas de seguridad, quienes advierten sobre posibles riesgos para la autonomía digital no solo de Chile, sino de toda la región sudamericana.
A mediados de 2024, la multinacional Inchcape Shipping Services (ISS) presentó ante la empresa Puerto Valparaíso los avances del proyecto Chile-China Express (CCE), una iniciativa respaldada por la administración de Gabriel Boric que busca establecer una conexión directa de telecomunicaciones entre la costa chilena y territorio chino.
Según sus promotores, el cable ofrecería velocidades de transmisión de hasta 16 terabits por segundo, lo que representaría un salto tecnológico significativo en conectividad, reducción de costos operativos y posicionamiento de Chile como nodo estratégico en las telecomunicaciones globales.
Víctor Oelckers, gerente general de ISS, justificó la iniciativa argumentando que fortalecería la independencia digital del país sudamericano. “Actualmente, todos los cables de fibra óptica submarina que nos conectan al mundo dependen de Estados Unidos. Este proyecto permitiría diversificar la conectividad y reducir riesgos”, declaró en una reunión con autoridades portuarias, según consignó el medio especializado Portal Portuario.
Contrastes con el Cable Humboldt: el otro gran proyecto de Chile
Sin embargo, el desarrollo del CCE contrasta marcadamente con otro proyecto de infraestructura digital impulsado por Chile: el Cable Humboldt, desarrollado en colaboración con Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa.
El Humboldt, que conectará Valparaíso con Sídney pasando por Tahití, cuenta con transparencia en su diseño: cronograma público (operativo previsto para 2027), presupuesto estimado entre 300 y 550 millones de dólares, y socios claramente identificados.
En contraste, el Chile-China Express figura en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” bajo gestión de Inchcape/ISS, pero con información limitada sobre financiamiento, estructura societaria, términos contractuales y sin anuncios oficiales del gobierno chileno.
El marco legal chino que preocupa a expertos internacionales
La inquietud de analistas y legisladores no se centra únicamente en la opacidad del proyecto, sino en el marco normativo vigente en China que regula la gestión de datos e infraestructura tecnológica.
Desde 2017, China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que establece obligaciones de cooperación con servicios de inteligencia, requisitos de almacenamiento local de datos, y mecanismos de auditoría para operadores de infraestructura crítica. Complementariamente, la Ley de Inteligencia Nacional obliga a cualquier empresa china —dentro o fuera del país— a colaborar activamente con las actividades de inteligencia del Estado.
En términos prácticos, esto implica que información que circule por infraestructura administrada por empresas chinas podría ser accesible para el gobierno de Pekín, sin mecanismos de protección efectivos para usuarios o Estados conectados.
Riesgo regional, no solo nacional
La vulnerabilidad trasciende las fronteras chilenas. Dada la arquitectura de enrutamiento de Internet, el tráfico digital de países vecinos como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podría canalizarse a través del Chile-China Express, transformando un proyecto nacional en un asunto de seguridad regional.
Expertos en ciberseguridad advierten que el control chino sobre nodos estratégicos de transmisión en Sudamérica podría comprometer la privacidad y seguridad de datos de millones de latinoamericanos, además de generar dependencia tecnológica con implicancias geopolíticas de largo plazo.
Parlamentarios exigen transparencia y correcciones
El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic fue el primero en alertar públicamente sobre el proyecto. En una columna publicada en julio de 2025 en el medio El Líbero, calificó la iniciativa como “incómoda” y cuestionó que avance “en los meses finales de un gobierno que ha mantenido una relación irresponsable con Estados Unidos”.
Kusanovic recordó que en 2017, empresas chinas invitaron al entonces candidato Gabriel Boric a visitar instalaciones tecnológicas en China, gesto que interpretó como “una señal de cercanía política del Partido Comunista Chino hacia un sector del espectro político chileno”.
El legislador enfatizó que “los cables submarinos no son simples enlaces: son activos estratégicos que, dependiendo de quién los controle, permiten acceder a información sensible, ejercer vigilancia y proyectar poder”. Agregó que “en un mundo tensionado entre China y Occidente, Chile no puede transformarse en terreno de disputa”.
También cuestionó la exclusión de Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández del trazado del Cable Humboldt, proyecto que originalmente contemplaba conectar estos territorios insulares. “¿Se busca facilitar la ruta alternativa propuesta por China? Estas islas son parte de nuestra soberanía oceánica y su omisión refleja una preocupante disposición a privilegiar intereses externos”, señaló.
En declaraciones recientes a Infobae, Kusanovic —quien anunció su ruptura con el Partido Republicano y el gobierno electo de José Antonio Kast— acusó secretismo en la gestión del proyecto y exigió correcciones urgentes. “No ha existido una conducción institucional clara ni transparente. Las decisiones se tomaron por impulsos presidenciales, sin defensa coherente de lo que Chile necesita”, criticó.
El senador reveló que la información disponible es “fragmentaria y opaca” y que otros parlamentarios comparten su preocupación, aunque el gobierno evita pronunciamientos públicos.
China Mobile y señales de posicionamiento estratégico
Kusanovic también llamó la atención sobre la formalización en Chile de China Mobile, operadora con más de mil millones de clientes, que constituyó una empresa local con capital inicial de 3 millones de dólares. “No se explica de manera inocente. Es una señal clara de posicionamiento estratégico”, afirmó.
El legislador contextualizó esta movida dentro de un patrón más amplio de presencia china en aguas chilenas, incluyendo flotas pesqueras y buques científicos que algunos analistas internacionales califican como “barcos espía”. “Preocupa el patrón completo: presencia científica, flotas pesqueras agresivas y vulneración sistemática de nuestra zona económica exclusiva”, advirtió.
La pregunta permanece abierta: ¿podrá el próximo gobierno chileno encontrar un balance entre conectividad global y seguridad digital, entre apertura económica y resguardo de la soberanía de datos? La respuesta no solo definirá el futuro digital de Chile, sino que podría marcar un precedente para toda la región sudamericana.
