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El gobierno de España confirmó la implementación de un real decreto de regularización migratoria que beneficiaría a cerca de medio millón de personas que actualmente residen en el país sin documentación en regla. La medida fue anunciada tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera el gobierno, y Podemos, representado por su secretaria política y eurodiputada Irene Montero.

La característica más destacada de esta iniciativa es su formato jurídico: al tramitarse como real decreto, no requiere convalidación parlamentaria, lo que permite al gobierno esquivar la falta de consenso político en materia migratoria que ha enfrentado en el Congreso durante los últimos meses.

Según precisaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo central es “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, en referencia a las cientos de miles de personas que viven y trabajan en España sin documentación regular.

¿Quiénes pueden acceder a la regularización?

De acuerdo con lo anunciado por Montero y reportado por la agencia EFE, podrán regularizar su situación todas aquellas personas que hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia efectiva en territorio español.

Formas de acreditar la residencia

La normativa establece múltiples vías para comprobar la permanencia en el país, una demanda histórica de organizaciones sociales y entidades que trabajan con migrantes:

  • Empadronamiento municipal, el método tradicional más común.
  • Informe médico de centros de salud públicos o privados.
  • Contrato de suministro eléctrico, gas o agua a nombre del solicitante.
  • Certificado de envío de remesas a través de empresas de transferencias internacionales.
  • Contratos de alquiler, recibos de pagos o cualquier documentación que pruebe domicilio.

Esta flexibilización representa un avance significativo, ya que muchas personas en situación irregular enfrentan dificultades para acceder al padrón municipal debido a la reticencia de algunos propietarios a registrar inquilinos sin papeles.

Beneficios inmediatos: residencia, trabajo y suspensión de expulsiones

Una vez admitida a trámite la solicitud, el solicitante recibirá de manera automática una autorización provisional de residencia y trabajo válida por un año. Este permiso temporal habilita la plena incorporación al mercado laboral formal y al sistema de seguridad social español.

Además, la admisión a trámite suspende automáticamente:

  • Procedimientos de retorno en curso.
  • Órdenes de expulsión administrativas.
  • Sanciones por trabajar sin permiso de trabajo.

Al cumplirse el año de residencia temporal, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria de residencia conforme al reglamento general de extranjería, lo que les permitiría acceder a permisos de mayor duración y, eventualmente, a la residencia permanente.

Muchos apellidos descienden de España y se insertaron en América Latina por la migración (Fuente: Archivo).
Muchos apellidos descienden de España y se insertaron en América Latina por la migración (Fuente: Archivo).

Contexto: España y sus ocho procesos de regularización desde los años 80

Esta no es la primera vez que España implementa un proceso extraordinario de regularización migratoria. Desde la década de 1980, tanto gobiernos del PSOE como del conservador Partido Popular (PP) aprobaron hasta ocho regularizaciones masivas, con el objetivo de reducir la economía sumergida, garantizar derechos laborales básicos y formalizar una realidad social que el mercado laboral español ya había absorbido de facto.

Estas regularizaciones históricas permitieron incorporar legalmente a cientos de miles de trabajadores extranjeros que desempeñaban funciones esenciales en sectores como construcción, agricultura, servicios domésticos y hostelería.

¿Cuántos argentinos viven en España y cuántos podrían beneficiarse?

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) —equivalente español del INDEC argentino—, la cantidad de argentinos residentes en España alcanzó un récord histórico en 2024, con 415.987 personas registradas.

Sin embargo, la proporción de argentinos en situación irregular es minoritaria en comparación con otras nacionalidades latinoamericanas. Esto se debe, en parte, a que los argentinos no requieren visa de turista para ingresar al espacio Schengen y cuentan con mayores facilidades para tramitar permisos de trabajo y residencia a través de convenios bilaterales.

¿De dónde provienen los inmigrantes irregulares en España?

El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) publicó un informe en el que estima que actualmente viven en España 840.000 personas en situación administrativa irregular.

Distribución por origen:

Continente americano: 760.000 personas (91% del total)

  • Colombia: aproximadamente 290.000.
  • Perú: casi 110.000.
  • Honduras: 90.000.
  • Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países centroamericanos: decenas de miles.

África: 50.000 personas.

Asia: 15.000 personas.

Europa (extracomunitaria): 14.000 personas.

Estos datos corresponden al período previo a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025 e introdujo cambios importantes para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo social, familiar y laboral.

¿Qué sigue para los beneficiarios?

Las personas interesadas deberán estar atentas a la publicación oficial del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual comenzará a regir formalmente. Se espera que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publique próximamente instrucciones detalladas sobre:

  • Plazos exactos de presentación de solicitudes.
  • Oficinas de extranjería habilitadas.
  • Formularios oficiales y documentación requerida.
  • Tasas administrativas aplicables.

Organizaciones de apoyo a migrantes como Accem, CEAR y Red Acoge ya anunciaron que prepararán campañas de información y asesoramiento gratuito para facilitar el acceso masivo al proceso.