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El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas es uno de los ejes históricos de la política exterior del país y permanece vigente desde el siglo XIX. En ese marco, un documento fechado en 1813 vuelve a aportar elementos que contradicen el argumento británico de una supuesta soberanía previa sobre el archipiélago.
La carta, redactada por un capitán inglés y dirigida a las autoridades de Buenos Aires, expone el reconocimiento explícito de la jurisdicción ejercida por el gobierno local sobre las islas en los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo.
El documento que vuelve a poner en discusión el relato británico
El 30 de enero de 1813, Henry Jones, capitán del bergantín inglés El Rastrero, presentó una solicitud formal ante las autoridades porteñas para obtener autorización con el fin de realizar caza de lobos marinos en las costas de las Malvinas.
El pedido, registrado en documentación oficial de la época, constituye una evidencia temprana del reconocimiento, por parte de una embarcación extranjera, de la autoridad que ejercían las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre el archipiélago.
Apenas habían transcurrido tres años desde el inicio del proceso independentista y el nuevo gobierno ya regulaba actividades económicas en territorios marítimos bajo su control.
La nota fue dirigida al Director de la Aduana, Enrique Torres, responsable de supervisar y autorizar este tipo de explotaciones en zonas estratégicas del Atlántico Sur. Estos trámites formaban parte de la dinámica administrativa del período y reflejan cómo el Estado en formación comenzaba a consolidar mecanismos de control político, fiscal y económico sobre espacios considerados propios.
Una prueba temprana del ejercicio de soberanía
El caso del capitán Jones se inscribe entre las primeras evidencias documentadas del ejercicio efectivo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante los años iniciales del proceso independentista.
En un contexto en el que la caza de lobos marinos representaba una actividad altamente rentable, la exigencia de permisos oficiales reforzaba la noción de un territorio administrado y regulado desde Buenos Aires. Este episodio se suma así a otras pruebas históricas que dan cuenta de la proyección temprana y activa de las Provincias Unidas sobre el archipiélago, mucho antes de la ocupación británica de 1833.
Malvinas, una disputa de larga data
El archipiélago fue descubierto por los españoles a comienzos del siglo XVI. Con el paso del tiempo, Gran Bretaña manifestó interés por su ubicación estratégica y sus recursos naturales, y en 1765 instaló de manera irregular un asentamiento que violaba los tratados internacionales vigentes en ese momento.
Tras tomar conocimiento de esta situación, España expulsó a los británicos en 1770 y nuevamente en 1774. El 30 de junio de 1777, el ministro de Indias del Reino de España, José de Gálvez, envió una Real Orden al virrey del Río de la Plata, Pedro de Cevallos, instruyéndolo a destruir las instalaciones británicas existentes en el archipiélago.
La orden fue ejecutada el 17 de marzo de 1780 por una expedición comandada por Juan Pascual Callexas, que demolió el puerto y el fuerte levantados por los británicos en Puerto de la Cruzada (Egmont), en la Isla Trinidad, un islote de la Gran Malvina.
Este accionar confirmó el control español sobre la totalidad del archipiélago y dejó en evidencia que la jurisdicción sobre las Malvinas correspondía al Virreinato del Río de la Plata. La ausencia de una reacción británica posterior es interpretada como una señal de que el Reino Unido reconocía no tener derechos sobre el territorio en ese momento.
De este modo, Gran Bretaña abandonó Puerto Egmont en 1774 y durante los siguientes 55 años no hubo presencia oficial británica en las islas. Tampoco se registraron reclamos frente a los distintos actos de soberanía ejercidos por el gobierno argentino entre 1810 y 1829.
