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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno podría convertir a la Argentina en uno de los países de la región con más restricciones legales para que la autoridad monetaria financie al Tesoro.
Así lo advirtió el Institute of International Finance (IIF), la asociación que nuclea a buena parte de los principales bancos, fondos e instituciones financieras internacionales.
En un informe, analizó el proyecto del gobierno de Javier Milei y lo comparó con los regímenes monetarios de Brasil, México, Chile, Perú y Colombia.
Según sus cálculos, las transferencias del BCRA al Tesoro realizadas entre 2003 y 2023 equivalieron a unos 64 puntos del PBI actual.
De ese total, 22 puntos correspondieron a adelantos transitorios; otros 18 puntos a transferencias de reservas; 17 puntos a distribución de utilidades y siete puntos a otros mecanismos.
El cálculo no implica que el Banco Central haya transferido el equivalente al 64% del producto en un solo año. El IIF convirtió el flujo acumulado durante esas dos décadas a su valor equivalente de junio de 2026 y lo comparó con el PBI actual.
Para el IIF, esos números explican la inflación crónica de la Argentina. Los desequilibrios fiscales generaron reiteradamente necesidades de financiamiento monetario, expansión de pesos, pérdida de reservas y presión sobre el tipo de cambio.
La combinación terminó deteriorando el balance del Central y su credibilidad y alimentó, además, otra vieja costumbre argentina: la dolarización de los ahorros.
Un mandato más rígido
El cambio que impulsa el Gobierno busca cortar ese mecanismo de raíz.
La misión “primaria y fundamental” del Banco Central pasaría a ser preservar el valor de la moneda, en contraste con la actual Carta Orgánica, que incorpora entre sus objetivos la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Con la reforma de Milei, el Tesoro perdería prácticamente todas las ventanillas que históricamente utilizó para financiarse en el Central.
El BCRA no podría prestarle al Estado nacional, las provincias, municipios o la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco podría comprar títulos públicos en las colocaciones primarias, entregar adelantos transitorios ni transferir reservas para financiar operaciones fiscales.
Incluso se cerraría una de las vías más controvertidas utilizadas durante las últimas décadas: las utilidades contables generadas por una devaluación del peso o una revaluación del oro no podrían distribuirse al Tesoro.
“Los cambios propuestos colocarían a la Argentina entre los marcos legales más restrictivos de la región, particularmente en materia de financiamiento directo al Tesoro y distribución de ganancias por valuación”, destacó el IIF en el informe divulgado este lunes.
Brasil, Chile, México, Perú y Colombia tienen distintos mecanismos para impedir o limitar el financiamiento monetario del déficit. Perú y Chile cuentan incluso con protecciones constitucionales. La reforma argentina acercaría al país a esos modelos.
La letra chica
El organismo, sin embargo, encuentra algunos lugares por los que podría filtrarse nuevamente la política fiscal.
El primero está en el mercado secundario.
La reforma amplía las facultades del Banco Central para comprar y vender títulos públicos y otros activos financieros. El objetivo es darle mayor capacidad para administrar liquidez o actuar frente a situaciones de estrés.
Además, durante la transición las ganancias contables podrán utilizarse para cancelar los adelantos transitorios y las letras intransferibles del Tesoro que permanecen en el activo del BCRA.
Hay otro cambio institucional significativo. La reforma haría mucho más difícil que un presidente pueda desplazar a las autoridades del Banco Central: los integrantes del directorio sólo podrían ser removidos por determinadas causas y con la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
El Ejecutivo podrá continuar nombrando autoridades en comisión mientras espera el acuerdo del Senado y la reforma no establece un límite efectivo para la duración de esas designaciones.
Según el IIF, esa práctica es poco habitual entre los principales bancos centrales latinoamericanos y deja abierto un canal de influencia política.
La advertencia del IIF
Para el organismo, la Argentina puede aprobar una de las Cartas Orgánicas más restrictivas de América Latina. Puede prohibir los adelantos transitorios, cerrar la ventanilla de las reservas y evitar que una devaluación genere utilidades ficticias que terminen financiando gasto público.
Pero no puede garantizar por ley la disciplina de los próximos gobiernos.
“El test definitivo es político, no legal”, concluye el IIF.
