La decisión del Gobierno, anunciada el jueves pasado por el presidente Javier Milei, de incluir al mercado asegurador dentro de la reforma financiera que se iniciará con la Carta Orgánica del BCRA, abrió expectativas en la industria que desde hace años reclama cambios regulatorios. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Aldo Álvarez, advierte que la flexibilización para diseñar y comercializar productos será insuficiente si no viene acompañada por una reforma judicial que reduzca la litigiosidad y por un alivio de la carga impositiva que hoy encarece las pólizas.

“Desregular el producto, pero no la solvencia” es la principal consigna que impulsa la entidad. Álvarez sostiene que el seguro puede convertirse en uno de los principales vehículos de ahorro de largo plazo del país y en una fuente de financiamiento para la economía.

Entre las principales demandas de la industria figuran una reforma tributaria que reduzca el peso de los impuestos sobre las pólizas, una revisión del funcionamiento del sistema judicial y una mayor participación de las aseguradoras en el financiamiento de la economía. También plantean que las compañías puedan acceder a más instrumentos de inversión y administrar nuevos vehículos de ahorro de largo plazo, con el objetivo de ampliar la penetración del seguro en el país.

-El Presidente habló de flexibilizar el mercado de seguros dentro de la reforma financiera. ¿Qué expectativa tienen?

Las expectativas son las mejores. Es la primera vez que un Presidente de la Nación se refiere con esta contundencia al seguro como una pieza central de un programa de gobierno y lo incorpora dentro del esquema de reforma financiera, junto con la Carta Orgánica del Banco Central y el mercado de capitales. Esa mirada es correcta porque el seguro no solo brinda cobertura frente a riesgos, sino que también es uno de los principales vehículos de ahorro institucional de largo plazo que tiene hoy la Argentina.

Después de la desaparición del sistema de jubilación privada, el seguro quedó como el principal canalizador de ahorro institucional del país. Si el mercado crece, también puede aportar mayor profundidad al sistema financiero, generar más crédito para la economía real y ofrecer financiamiento de largo plazo para proyectos de inversión e infraestructura. Por eso valoramos especialmente que se proponga una mayor libertad para diseñar y comercializar productos, mientras el regulador concentre su tarea en controlar la solvencia de las compañías y proteger a los asegurados.

—¿Qué falta para que el mercado pueda desarrollarse?

La desregulación es una condición necesaria, pero no suficiente. Hoy el principal obstáculo es la judicialidad. Los mecanismos de actualización monetaria, la forma en que se calculan los intereses y el tratamiento del seguro privado como si fuera parte de la seguridad social generan enormes costos para el sistema y desalientan la acumulación de capital. A fines de septiembre de 2023 había más de 518.000 juicios contra aseguradoras y ninguna reforma regulatoria puede compensar semejante nivel de litigiosidad.

A eso se suma una carga tributaria muy elevada: entre un tercio y el 40% del valor de una póliza patrimonial corresponde a impuestos. Si se quiere ampliar la cobertura y desarrollar el mercado, esos dos problemas deben abordarse al mismo tiempo.

-Además de esos cambios, ¿qué otras medidas consideran necesarias?

Las aseguradoras administran ahorro de largo plazo y pueden aportar mucho más al financiamiento de la economía. Sin embargo, hoy quedaron excluidas de herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral, que terminó reservándose para vehículos de inversión colectiva administrados por otros actores.

Tampoco tienen acceso a determinados instrumentos de inversión por restricciones regulatorias que consideramos excesivas. El Estado ya cuenta con una industria que administra fondos de terceros, posee reservas técnicas auditadas y está supervisada desde hace décadas. Creemos que esa capacidad debería aprovecharse mucho más.

-¿Por qué consideran importante que el seguro forme parte de esta reforma financiera?

Porque sin un mercado asegurador desarrollado no hay profundidad financiera. En todos los países desarrollados el tamaño del mercado de seguros está directamente relacionado con la capacidad de financiar inversiones de largo plazo. En Argentina la penetración del seguro equivale al 2,73% del PBI, por debajo del promedio regional.

Eso no ocurre porque falte demanda, sino porque la inflación destruyó los contratos de largo plazo, la carga impositiva encareció el acceso y la imprevisibilidad judicial deterioró el funcionamiento del sistema. Un mercado asegurador más fuerte significa más ahorro institucional, más crédito y también menos presión sobre el Estado, porque más personas pueden cubrir sus riesgos mediante contratos privados.

-¿Qué límites no debería cruzar la reforma?

Hay dos aspectos que son innegociables: la solvencia económica y técnica de las compañías y las facultades de control del regulador. La libertad tiene que estar en el diseño de los productos, las tarifas y los canales de comercialización, pero nunca en los requisitos patrimoniales.

El asegurado compra una promesa de cumplimiento futuro y el Estado debe garantizar que esa promesa pueda cumplirse cuando ocurra un siniestro. Por eso creemos que el camino pasa por ampliar las facultades regulatorias de la Superintendencia, antes que reemplazar todo el marco legal vigente.

Y, sobre todo, la reforma solo alcanzará sus objetivos si también se avanza sobre la judicialidad. Se pueden bajar costos y modernizar la oferta, pero si el expediente judicial sigue siendo el mejor instrumento financiero del país, el seguro seguirá siendo caro y el mercado seguirá siendo chico.