El expresidente del Banco Central Martín Redrado tiene una propuesta para reestructurar las obligaciones financieras de hogares y empresas y recuperar capacidad de consumo y producción.

El foco de su propuesta es que el Banco Central permita que las refinanciaciones otorgadas a deudores con dificultades financieras no provoquen automáticamente un deterioro de su clasificación crediticia ni obliguen a bancos y otros prestamistas a aumentar las previsiones por incobrabilidad.

El beneficio se mantendría siempre que el deudor cumpla con las cuotas de la nueva financiación. Hasta el 30 de abril de 2027 se contemplaría un plazo especial de 90 días de atraso; desde el 1° de mayo de 2027 volvería a regir el plazo general de 30 días.

En un contexto en el que el fuerte crecimiento de la morosidad y el peso que adquirieron las deudas sobre los ingresos de las familias, que ya llegan al 12,8%, volvieron a poner al crédito en el centro de la discusión económica, el economista sostuvo que el problema requiere buscar “soluciones creativas” y difundió una iniciativa elaborada por el equipo de Fundación Capital.

El punto central del esquema es que la refinanciación pueda realizarse sin utilizar recursos fiscales o cuasifiscales y sin recurrir a subsidios para los deudores.

La propuesta comprende distintas obligaciones con el sistema bancario, entre ellas saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos destinados a capital de trabajo. La intención es modificar las condiciones financieras de esas deudas para reducir el peso que las cuotas tienen actualmente sobre los ingresos.

Cómo funcionaría el plan que propone Redrado

La lógica del esquema parte de un diagnóstico: una familia que utiliza una proporción cada vez mayor de sus ingresos para pagar deudas tiene menos recursos disponibles para consumir. Algo similar ocurre con las empresas cuando el costo financiero absorbe fondos que podrían destinarse a capital de trabajo o inversión.

La propuesta busca entonces reestructurar las obligaciones existentes para extender plazos y reducir la carga financiera, aunque Redrado no detalló públicamente una tasa o plazo único que deberían tener esas refinanciaciones.

Uno de los componentes relevantes pasaría por el tratamiento regulatorio de los créditos problemáticos. La iniciativa contempla flexibilizar determinadas exigencias que enfrentan las entidades financieras para facilitar la reestructuración de las deudas y evitar que el proceso implique una carga adicional para los bancos.

El objetivo es generar incentivos para que las propias entidades puedan refinanciar los préstamos, en lugar de trasladar el costo al Estado.

El razonamiento económico que plantea Redrado sigue una secuencia: menos ingresos destinados al servicio de la deuda permitirían recuperar consumo; una mejora del consumo impulsaría la producción y, finalmente, el empleo.

Una propuesta en medio del salto de la morosidad

El problema ya generó respuestas tanto de bancos públicos como de gobiernos locales. Banco Nación, por ejemplo, lanzó alternativas para refinanciar deudas financieras y saldos de tarjetas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha su Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a personas con atrasos en préstamos personales y tarjetas.

En el caso porteño, la línea contempla una tasa fija máxima del 35% nominal anual y un plazo mínimo de 24 meses, aunque establece condiciones específicas de ingreso, nivel de endeudamiento y situación crediticia para acceder.

También existen iniciativas en el Congreso. Durante este año comenzaron a discutirse distintos proyectos para atender el crecimiento del endeudamiento familiar y ofrecer mecanismos de refinanciación.

La diferencia del esquema de Redrado

El punto que Redrado intenta diferenciar de otras iniciativas es quién absorbe el costo del alivio financiero. Su propuesta busca evitar que una refinanciación masiva termine convirtiéndose en gasto público, emisión monetaria o algún tipo de subsidio implícito. En cambio, apunta a modificar las condiciones regulatorias y financieras para que bancos y deudores puedan reestructurar las obligaciones existentes.

La discusión pasa entonces por encontrar un equilibrio: permitir que familias y empresas recuperen capacidad de pago sin deteriorar los balances de los bancos ni generar un costo adicional para las cuentas públicas.

La implementación concreta todavía presenta interrogantes. Entre ellos, qué deudores podrían ingresar, cuáles serían las tasas y los plazos de refinanciación, qué créditos quedarían alcanzados y qué modificaciones regulatorias debería introducir el Banco Central.

Pero el planteo de Redrado introduce otro elemento en una discusión que empieza a ganar espacio en la agenda económica: cómo resolver el fuerte crecimiento de las deudas sin cerrar todavía más el acceso al crédito.

Porque detrás del problema de la morosidad aparece un desafío mayor. Refinanciar las deudas existentes puede aliviar a los hogares en el corto plazo, pero recuperar un mercado de crédito sostenible dependerá también de que bajen las tasas, mejoren los ingresos y los bancos vuelvan a encontrar condiciones para prestar a plazos más largos.