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Diputados nacionales denunciaron ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) a billeteras digitales y otros proveedores no financieros de crédito por presuntas conductas anticompetitivas. Los dirigentes del Partido Justicialista pidieron abrir una investigación sobre las tasas que cobran, el manejo de la información transaccional de sus clientes y los algoritmos que utilizan para otorgar financiamiento.
La denuncia no apunta a una empresa individual, sino a todo el universo de billeteras digitales interoperables que otorgan líneas de crédito y a los denominados “otros proveedores no financieros”.
La presentación, a la que accedió El Cronista, ingresó este martes 18 de agosto y lleva las firmas de los diputados Raquel Cecilia Kismer, Ernesto Nader Ali, Emir Félix, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.
Los legisladores sostienen que existen indicios de “abuso de posición dominante”, aplicación de “tasas excesivas” y generación de barreras de entrada a partir de una ventaja cada vez más valiosa dentro del negocio financiero: los datos.
El planteo ahora deberá ser analizado por la Autoridad Nacional de la Competencia.
El negocio de los datos
Uno de los ejes centrales de la denuncia es que las billeteras disponen de un volumen de información sobre sus usuarios que no tienen los bancos tradicionales ni otros potenciales competidores.
Al procesar los pagos cotidianos, pueden acceder a patrones transaccionales en tiempo real y obtener información sobre frecuencia de consumo, compras de alimentos, pagos de servicios, recargas de transporte y otros movimientos.
Según los diputados, la integración entre la infraestructura de pagos y el negocio crediticio permite además conocer el flujo diario de liquidez del usuario y utilizar esa información para evaluar su comportamiento financiero.
La presentación plantea que esa ventaja puede convertirse en un problema de competencia cuando la información permanece exclusivamente dentro de la plataforma.
En concreto, sostiene que la falta de portabilidad de los historiales transaccionales puede producir un efecto de “encerramiento” o lock-in: otros bancos o fintech no cuentan con la misma información para evaluar el riesgo crediticio de una persona y ofrecerle financiamiento en mejores condiciones.
Por eso, uno de los puntos que los denunciantes quieren que determine Competencia es si el control de esos datos funciona como una barrera para el ingreso o expansión de otros prestamistas.
Tasas bajo la lupa
El segundo frente de la denuncia son las tasas.
Los legisladores plantean que las compañías podrían utilizar la información que obtienen de los usuarios no sólo para calcular el riesgo de prestarles dinero, sino también para conocer su necesidad de liquidez y su predisposición a aceptar determinado costo financiero.
La presentación habla de Costos Financieros Totales (CFT) que serían “desproporcionados” respecto del riesgo real del cliente y sostiene que las tasas deberían analizarse conjuntamente con las barreras que enfrentan otros competidores para disputar esos usuarios.
El argumento es que una menor presión competitiva permitiría sostener condiciones de financiamiento que difícilmente podrían mantenerse en un mercado con más alternativas.
La denuncia también pone el foco en los mecanismos de cobro de los créditos. Afirma que, ante la falta de fondos del deudor, algunas aplicaciones pueden debitar automáticamente lo adeudado cuando ingresa una transferencia o nuevo flujo de dinero.
Según los denunciantes, esa dinámica puede dejar nuevamente al hogar sin liquidez suficiente y empujarlo a solicitar otro microcrédito, dando lugar a un “efecto calesita” de endeudamiento.
El crecimiento del crédito fintech
La presentación encuadra el planteo en el fuerte crecimiento que tuvo el financiamiento no bancario entre los hogares de menores ingresos y con menor acceso al crédito tradicional.
De acuerdo con los datos citados por los diputados, la cartera de crédito de las fintech pasó de $ 724.000 millones en julio de 2024 —medidos a precios de julio de 2025— a $ 2,583 billones un año después.
La denuncia afirma además que la irregularidad del crédito personal otorgado por proveedores no financieros alcanzó niveles cercanos al 20% hacia noviembre de 2025.
También cita un relevamiento de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial según el cual durante el primer semestre del año se registraron 200 reclamos relacionados con problemas de información y niveles de tasas, un incremento del 92% interanual.
Piden abrir los algoritmos
Uno de los pedidos más sensibles de la denuncia apunta directamente al funcionamiento tecnológico de las billeteras.
Los diputados solicitaron que la Autoridad Nacional de la Competencia designe un cuerpo de peritos economistas e informáticos para auditar los algoritmos de asignación de crédito y los sistemas de scoring utilizados por las aplicaciones denunciadas.
El objetivo sería determinar qué información utilizan para decidir a quién prestan, cómo establecen las condiciones financieras y si los datos transaccionales no financieros sirven para discriminar precios o imponer tasas más elevadas a usuarios con menos alternativas.
También quieren establecer si esos mecanismos generan barreras para potenciales competidores o situaciones de dependencia de los consumidores respecto de una plataforma.
Además, solicitaron que el BCRA informe cuáles son las billeteras y proveedores no financieros alcanzados y cuál es el volumen de operaciones y participación de mercado de cada uno.
El pedido incluye el historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) de los últimos 24 meses, junto con los índices de morosidad y endeudamiento de cada entidad.
Competencia también debería, según el planteo, relevar qué mecanismos existen actualmente para la portabilidad, transferencia o intercambio de la información transaccional de los usuarios.
La letra chica de la denuncia
La denuncia invoca la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia y sostiene que las prácticas podrían encuadrar, entre otras figuras, en abuso de posición dominante y obstaculización del acceso de competidores al mercado.
Los legisladores también cuestionan el rol del Banco Central y sostienen que debería investigarse si existió una omisión regulatoria frente a las prácticas denunciadas.
El escrito solicita formalmente que la ANC abra una investigación y produzca las medidas de prueba requeridas.
Si durante ese proceso se acreditaran las infracciones denunciadas, los diputados piden que se ordene el cese de las conductas, se apliquen los remedios que determine la autoridad y se impongan las sanciones previstas por la Ley de Defensa de la Competencia.
El expediente abre así un nuevo frente para las billeteras y las fintech de crédito: ya no sólo alrededor del nivel de las tasas que cobran, sino sobre hasta qué punto la información que acumulan sobre millones de transacciones puede convertirse en una ventaja competitiva difícil de replicar por el resto del sistema financiero.
