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El debate sobre el derecho al aborto ha vuelto al centro de la política española tras las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se intensifica por un asunto que, más allá de la ideología, toca el corazón de los derechos reproductivos y la igualdad de las mujeres.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a la líder madrileña que, si no garantiza esos derechos, el Ejecutivo recurrirá "a todos los instrumentos legales" disponibles. Su mensaje, lanzado desde la red social X, ha sido contundente: "Si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Tribunal Constitucional".
Sánchez acusa a Ayuso de retroceder 50 años en derechos
Las palabras de Sánchez llegan después de que Ayuso reiterara en la Asamblea de Madrid su negativa a crear una "lista negra" de médicos objetores, afirmando que la izquierda debería "irse a otro lado a abortar".
La respuesta del presidente no tardó en llegar: "Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir", escribió en su mensaje público.
El jefe del Ejecutivo defendió que el Gobierno de España no tolerará retrocesos en materia de derechos de las mujeres y que utilizará los mecanismos constitucionales necesarios para garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. "Usaremos todos los instrumentos legales a nuestro alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid", insistió.
La posición del Gobierno central choca directamente con la de la presidenta madrileña, que mantiene que no se vulnera la ley al permitir la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sin embargo, los ministerios de Sanidad y Justicia consideran que el actual modelo madrileño puede suponer una restricción de facto al acceso al aborto en la sanidad pública.
Sanidad advierte: "No se van a dar pasos atrás"
La ministra de Sanidad, Mónica García, también se pronunció en términos firmes tras las declaraciones de Ayuso. "No vamos a consentir que se incumpla la ley ni que se den pasos atrás en los derechos de las mujeres", afirmó ante los medios.
La ministra, médica de profesión y exdiputada madrileña, reprochó a la presidenta regional su actitud beligerante y su falta de empatía con las mujeres que buscan ejercer un derecho reconocido legalmente desde 2010.
García fue más allá al cuestionar directamente las motivaciones de Ayuso. "Lo que colisiona constantemente es la señora Ayuso con los derechos de las mujeres. No sé exactamente qué le hemos hecho las mujeres a la señora Ayuso, ni qué le han hecho los derechos conquistados desde hace años y peleados durante tanto tiempo", declaró durante un acto oficial en el Día Mundial de la Visión.
Desde el Ejecutivo recuerdan que la ley de interrupción voluntaria del embarazo garantiza el derecho de las mujeres a abortar en hospitales públicos, y que todas las comunidades autónomas están obligadas a garantizar su cumplimiento, sin derivaciones innecesarias ni obstáculos administrativos.
Reacciones políticas y advertencias desde el Gobierno
El enfrentamiento no quedó limitado a Sánchez y García. Desde Vitoria, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, calificó las declaraciones de la presidenta madrileña como "una salvajada más de la señora Ayuso", en referencia a su comentario sobre que la izquierda debía "irse a otro lado a abortar".
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue igual de tajante. "Ninguna mujer se va a ir a otro lado a abortar. Ninguna persona se va a ir a otro lado a rezar. Ningún profesor se va a ir a otro lado a enseñar", afirmó, en alusión a la defensa de la libertad individual y la igualdad de derechos.
Bolaños remarcó que si "la derecha autoritaria del PP y Vox lo intenta", el Gobierno "lo va a parar, como ya ha hecho otras veces". Con esta frase, el ministro dejó claro que el Ejecutivo está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional para asegurar que las mujeres madrileñas no vean restringido su derecho a interrumpir el embarazo.
En medio del cruce político, el debate sobre el aborto vuelve a evidenciar las diferencias entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, pero también marca una línea roja para el Ejecutivo: el derecho de las mujeres a decidir no está sujeto a interpretación, sino a cumplimiento efectivo.
