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El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la llamada ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en sus recursos contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de julio.
La decisión, que cuenta con un voto particular, suspende los efectos electorales de esas inscripciones para los sucesivos procesos, salvo en los casos que acrediten cumplir los requisitos de la norma.
Por qué el Supremo suspende las altas
La clave está en la diferencia entre la ley y una instrucción posterior. La ley de nietos, incluida en la ley de memoria democrática de octubre de 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad, siempre que acrediten que su padre, madre, abuelo o abuela eran originariamente españoles y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Una semana después de aprobarse la ley, sin embargo, el Gobierno dictó una instrucción que “presumía” la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. El Supremo distingue ahora entre ambas: la suspensión no regirá para quienes los consulados certifiquen que cumplen los requisitos de la ley sin aplicar esa presunción de la instrucción.
Por ello, el tribunal ordena a la JEC que requiera “de inmediato” a los consulados para que acrediten caso por caso, y a la Oficina del Censo Electoral que separe los expedientes tramitados según la ley de los aprobados al amparo de la instrucción.
A cuántas personas afecta la ley de nietos
La dimensión del asunto es notable. Según los últimos datos oficiales, 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad por esta vía.
De ellos, 544.722 la tienen ya aprobada y 306.000 están inscritos como españoles. Son precisamente esas inscripciones en el censo electoral las que quedan ahora en suspenso, a la espera de que se acredite que se ajustan a la ley y no a la instrucción posterior.
Sumar ve una “deriva antidemocrática”
La decisión ha provocado una fuerte reacción política. La líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, consideró que el auto “abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima”, al restringir, en su opinión, el voto a personas que ya tienen la nacionalidad española.
Martínez Barbero calificó la decisión de “tremendamente preocupante” y sostuvo que supone “la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne”. Sus palabras reflejan la lectura que hace parte del Ejecutivo y sus socios de una resolución que consideran de gran calado.
El Gobierno pide una decisión definitiva antes de 2027
Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, pidió al Supremo que resuelva “lo antes posible” el fondo del asunto, y en todo caso antes de las elecciones generales previstas para 2027. “Estamos hablando de lo más sagrado de la democracia, el derecho al voto”, subrayó.
Bolaños recordó que se trata de una medida cautelar, no definitiva, y opinó que “no debían haberse adoptado”. Con todo, pidió no hacer caso a “los bulos” y defendió que el sistema democrático español es “de los más garantistas del mundo”. El auto, que aún debe notificarse por escrito, cuenta con un voto particular, señal de que la propia Sala no fue unánime.
Con información de: EFE
