

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley española de amnistía a los líderes del proceso independentista catalán al considerar que su objetivo es la “resolución del conflicto político” en torno al ‘procés’ para facilitar así la “reconciliación”.
La corte con sede en Luxemburgo ha tenido en cuenta el respaldo que el Tribunal Constitucional dio a la norma en su sentencia del 26 de junio de 2026, en la que concluyó que la ley “pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación”.
La decisión ha llegado acompañada de una premisa que atraviesa toda la resolución. “Una ley de amnistía requiere de decisiones políticas que son propias de los Estados miembros”, ha señalado el tribunal europeo.

Qué dice la ley de amnistía y a quién beneficia
La “ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” fue aprobada en mayo de 2024 en el Congreso de los Diputados. Se trató de una iniciativa pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, con el fin de posibilitar la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La norma borra todos los delitos y las responsabilidades administrativas y contables vinculados al ‘procés’ y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Ese arco temporal incluye el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, ambos anulados por el Tribunal Constitucional.
Por aquellos hechos fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas en 2019, mientras que Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, huyó a Bélgica, donde reside desde entonces.

Por qué se pronunciaba la Justicia europea sobre una ley española
La sentencia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por dos instancias españolas. El Tribunal de Cuentas preguntó por la posible responsabilidad contable de los gastos del ‘procés’, una causa que afecta, entre otros, a Puigdemont y a su predecesor en el cargo, Artur Mas.
Por su parte, la Audiencia Nacional pidió opinión en relación con el delito de terrorismo por el que juzga a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), unos grupos integrados por activistas para desarrollar el referéndum del 1-O.
Qué ha resuelto el TJUE sobre el terrorismo y la malversación
El tribunal europeo ha apoyado el perdón de los delitos de terrorismo por los que la Audiencia Nacional está juzgando a los CDR, así como el plazo de dos meses que la norma concede a los jueces españoles para decidir si deben aplicarla.
En cuanto a la causa del Tribunal de Cuentas, la corte ha descartado que la amnistía al delito de malversación pueda afectar al presupuesto comunitario. “No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”, recoge la resolución.
Qué ha reclamado el Gobierno tras conocerse la sentencia
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que ya no hay dudas sobre la norma y ha pedido que se aplique plenamente a los líderes independentistas “lo antes posible”.
Para el titular de Justicia, la decisión confirma que la ley es constitucional y conforme al derecho europeo. El ministro ha añadido que esta será la última etapa de normalización institucional, política y social en Cataluña, y ha recalcado que resultaría positivo para todos recorrerla cuanto antes.
Qué falta para que Puigdemont pueda regresar
Que el TJUE considere la amnistía conforme al derecho comunitario allanaría el regreso del expresidente catalán, aunque el trámite no está cerrado. El Tribunal Supremo decidió no amnistiarle el delito de malversación, una resolución que Puigdemont recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Ese recurso sigue pendiente. El órgano de garantías lo resolverá en septiembre u octubre, de modo que la vía definitiva para el retorno depende todavía de ese pronunciamiento.




