El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró este martes una vista decisiva para evaluar si la ley de amnistía aprobada en España responde a un interés general o si, en cambio, forma parte de un acuerdo político que podría poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.

La Comisión Europea expresó dudas sobre la legitimidad de esta norma, mientras que el Gobierno español y los abogados de los ex altos cargos de la Generalitat defendieron su legalidad y finalidad política.

El abogado general de la UE, Dean Spielmann, no estableció aún la fecha para emitir su opinión, que será clave para la sentencia definitiva. La vista, que duró cerca de cuatro horas, dejó en evidencia las posturas enfrentadas entre las partes involucradas.

¿Por qué la Comisión Europea considera que la ley de amnistía no responde a un interés general?

El abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, afirmó que la ley de amnistía española "no parece responder a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Para Urraca, esto implica que se trataría en realidad de una autoamnistía. Aunque evitó usar ese término en la vista, recordó que en un escrito presentado en diciembre ante el TJUE se alegó que "los votos de los beneficiarios de la amnistía fueron necesarios para la aprobación de la ley".

Este argumento recibió respaldo del abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, quien sostuvo que la ley se basa en un interés político específico y cuestionó su legitimidad.

Sin embargo, la abogada general del Estado, Andrea Gavela, rebatió esta postura al recordar que el Tribunal Constitucional español avaló la norma por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" que busca mejorar la situación política y social en Cataluña, atendiendo así al interés general.

El abogado de los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, Gonzalo Boye, también defendió la ley y rechazó la comparación con autoamnistías que exoneran a autores de crímenes internacionales.

Según Boye, "nada de eso ocurre con esta ley orgánica de amnistía", que "nace en el seno de un procedimiento de reconocimiento mutuo entre las partes, un incipiente reconocimiento de legitimidades, reconocimiento del conflicto y búsqueda de la reparación y la reconciliación entre dos pueblos".

Urraca, por su parte, añadió que la ley ha provocado "una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española", y criticó que no se respetaron los plazos indicados por la Comisión de Venecia "con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación".

¿Qué impacto tiene la ley en los intereses financieros de la Unión Europea?

En cuanto a las posibles repercusiones financieras, el abogado de la Comisión Europea indicó que "no parece que la disminución de la Renta Nacional Bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión".

Esto se basa en que la contribución de España al presupuesto comunitario continuaría siendo proporcional a su peso económico.

No obstante, Urraca recalcó que el Tribunal de Cuentas español debe determinar si los fondos utilizados para financiar el procés provinieron de recursos de la UE.

En este punto, puso en duda que el plazo de dos meses fijado por la ley para la aplicación de la amnistía no obstaculice esa investigación, al señalar que "los jueces que incumplen los plazos se arriesgan a incurrir en responsabilidades disciplinarias".

Esta interpretación fue desestimada por la abogacía general del Estado, los abogados de los afectados y el ministerio fiscal, quienes recordaron que "la práctica judicial demuestra que los plazos no siempre se cumplen y que el Tribunal de Cuentas tiene tiempo suficiente para realizar el examen".

Manuel Martín-Granizo, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, aseguró que el plazo "permite comprobar el origen de los fondos sin ningún problema".

Al finalizar la vista, Alex Ramos, presidente de Sociedad Civil Catalana, expresó su confianza en el proceso judicial: "Creemos que se va a hacer justicia".