El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado la decisión del Gobierno de retirar el recurso contra la medida del Tribunal Supremo que obliga a incorporar al sistema nacional de acogida a 1080 menores solicitantes de asilo en Canarias.

Según Torres, esta acción representa una clara señal de cooperación con el Ejecutivo regional y busca facilitar un acuerdo que permita mejorar la gestión de estos menores.

Tras reunirse con los alcaldes de El Hierro y el presidente del Cabildo, el ministro ha explicado que, aunque la Abogacía del Estado suele recurrir este tipo de resoluciones por norma, en este caso se ha optado por una vía distinta.

La retirada del recurso responde a la voluntad de alcanzar consensos entre ambas administraciones y de avanzar en soluciones conjuntas que prioricen el bienestar de los menores, muchos de los cuales han desarrollado vínculos con el archipiélago.

¿Cómo se llevará a cabo el traslado de los menores?

El Gobierno de España y el de Canarias han trabajado en los últimos meses para diseñar un mecanismo que garantice el reparto equitativo de estos menores entre las comunidades autónomas.

La reciente reunión entre Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, ha sido clave para definir los próximos pasos de este proceso, que busca evitar situaciones de hacinamiento y precariedad en los centros de acogida.

El ministro ha subrayado que el nuevo decreto ley, que será votado en el Congreso la próxima semana, permitirá la distribución de hasta 4000 menores en diferentes regiones del país, una medida que considera un hito en la gestión de la inmigración en España.

Asimismo, ha expresado su confianza en que el Parlamento apruebe la norma y ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que se sume a esta "respuesta de Estado".

¿Qué impacto tendrá esta medida en el sistema de acogida?

La implementación de este mecanismo busca aliviar la presión que actualmente soporta el sistema de acogida en Canarias, donde la llegada constante de menores migrantes ha generado un desafío humanitario y administrativo. Con esta redistribución, se pretende garantizar que cada niño o niña reciba la atención y los recursos necesarios para su integración.

Torres ha reconocido que el proceso no ha estado exento de tensiones entre los gobiernos central y regional, pero ha insistido en que el objetivo común es lograr una solución estable y duradera.

Con la aprobación del decreto, se espera que las comunidades autónomas asuman su parte de la responsabilidad, contribuyendo a una respuesta más equitativa y eficiente ante la llegada de menores migrantes a España.

Con información de EFE.