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El calendario judicial español se ha visto alterado por un inesperado giro en uno de los casos más sensibles del entorno político actual. Cuando una causa afecta directamente al círculo cercano de un presidente del Gobierno, el mínimo detalle técnico cobra una dimensión política.
En el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, la Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de prorrogar la instrucción más allá del plazo legal.
Según el recurso, dicha ampliación fue dictada fuera de plazo, lo que podría invalidar todo el procedimiento posterior.
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El recurso de la Fiscalía: una prórroga fuera de tiempo
El argumento central del fiscal es claro: "la resolución de prórroga de fecha 29 de julio de 2024 se dictó sin haberlo solicitado previamente ninguna de las partes personadas en el procedimiento". Esta afirmación pone en entredicho la validez de las actuaciones del juez Peinado desde esa fecha en adelante.
Además, el Ministerio Público añade que la providencia fue dictada "fuera del plazo de instrucción", que vencía ese mismo 29 de julio. Según la ley, si no se solicita y aprueba la prórroga antes de que venza el periodo de investigación, cualquier actuación posterior carece de efecto legal.
La consecuencia inmediata sería que el juez no podría seguir instruyendo la causa contra Gómez, salvo que otro órgano judicial rectifique o corrija la supuesta irregularidad procesal.
Una decisión que vulnera los plazos establecidos
En el recurso, la Fiscalía sostiene que la decisión del juez no solo vulnera plazos, sino que genera un perjuicio procesal claro: "la irregularidad genera indefensión y vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías".
Esto supone una crítica directa al modo en que se ha gestionado el procedimiento desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Al no haber ninguna parte que solicitara esa extensión, y al haberse dictado el auto el mismo día que expiraba el plazo, se incumplió -según el fiscal- el requisito de necesidad previa y temporalidad.
Así, las diligencias que se han acordado desde el 29 de julio -incluyendo posibles citaciones o requerimientos- podrían considerarse nulas, en lo que sería un revés procesal relevante para quienes impulsaban la causa.
Qué puede pasar ahora con el caso
Este recurso no implica automáticamente que la causa se archive, pero sí que puede dejar al juez sin margen de actuación. La Fiscalía no entra a valorar el fondo del caso ni la posible responsabilidad de Begoña Gómez, sino que se centra únicamente en la legalidad de los plazos procesales.
De prosperar este recurso, la instrucción podría quedar paralizada y se abriría la puerta a una posible nulidad de actuaciones. Además, esto puede dificultar cualquier intento de formalizar cargos sin una base procesal firme.
El caso, que ha tenido fuerte repercusión política y mediática, se enfrenta ahora a un punto de inflexión por un detalle técnico que podría ser determinante. Para Gómez, esta podría ser una de las mejores noticias desde que se conociera su imputación provisional.
