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El Congreso de los Diputados rechazó este martes la convalidación del decreto ley que permitía extender contratos de alquiler y limitar las subas de renta, en una votación que profundiza la división política sobre la vivienda en España y deja en duda la situación de miles de acuerdos vigentes, según información de EFE.
La iniciativa decayó con 177 votos en contra, correspondientes al PP, Vox, Junts y UPN, 166 a favor, de los partidos de izquierda y Coalición Canaria, y la abstención del PNV.
El decreto habilitaba la prórroga de contratos que vencían entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, además de fijar un tope del 2% a las actualizaciones anuales. Su derogación deja sin efecto estas medidas hacia adelante, aunque mantiene interrogantes sobre los contratos ya prorrogados durante su vigencia.
¿Qué pasó con el decreto de alquileres?
El rechazo parlamentario dejó sin efecto una de las principales apuestas del Gobierno en materia de vivienda. La norma había sido impulsada por Sumar dentro del Ejecutivo con el objetivo de contener el impacto del aumento de los alquileres y brindar mayor estabilidad a los inquilinos.
La no convalidación abre un escenario de incertidumbre jurídica sobre los contratos de alquiler.
Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y Facua, las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto deben cumplirse, ya que los derechos quedaron consolidados desde el momento en que fueron ejercidos.
En la misma línea, el catedrático de Derecho Administrativo Julio González y el responsable jurídico de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, señalan que la derogación no tiene efectos retroactivos y no invalida las prórrogas ya concedidas.
Sin embargo, persisten dudas sobre aspectos específicos, como la limitación del 2% en la actualización de rentas. Algunos juristas advierten que podrían abrirse litigios para determinar si esa restricción se ajusta al principio de buena fe contractual.
¿Cuál es la postura del Gobierno y qué cambia para los alquileres?
Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que el Ejecutivo insistirá con la medida “las veces que haga falta”. Desde el Gobierno consideran que el rechazo responde a “tacticismo” político y anticipan nuevos intentos para reinstalar la regulación.
El Ministerio de Vivienda también confirmó que continuará impulsando políticas para contener los precios, incluyendo la regulación de los alquileres de temporada y medidas estructurales como la ampliación del parque público de viviendas.
La ministra Isabel Rodríguez defendió la intervención del mercado como un mandato constitucional para garantizar el acceso a la vivienda.
En términos concretos, la caída del decreto implica que ya no habrá una prórroga automática de contratos ni un límite general del 2% en las subas.
A partir de ahora, las renovaciones volverán a depender de las condiciones pactadas entre propietarios e inquilinos, lo que podría traducirse en mayores incrementos de precios en determinadas zonas.
¿Qué papel jugaron los partidos y cómo queda el mapa político?
La votación reflejó una fuerte fractura ideológica. Mientras el bloque de izquierda defendió la intervención estatal en el mercado, PP y Vox rechazaron la medida al considerar que este tipo de políticas reduce la oferta y encarece los precios. Junts se alineó con el rechazo, consolidando su distanciamiento del Gobierno.
El PNV optó por la abstención, una decisión que evidenció tensiones con el Ejecutivo y que se suma a otros desencuentros recientes. A pesar de esto, desde Moncloa evitaron confrontar con los nacionalistas vascos y buscaron mantener abiertos los canales de diálogo.
En este contexto, el Gobierno queda obligado a renegociar apoyos en un Congreso fragmentado. La derrota parlamentaria no solo frena una medida clave, sino que también anticipa mayores dificultades para avanzar en la agenda legislativa en materia de vivienda durante el resto de la legislatura.