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El próximo 29 de octubre, Maricarmen, una pensionista de 87 años, será desahuciada de su vivienda en El Retiro (Madrid). La acción está impulsada por la empresa Urbagestión, un fondo buitre que compró el edificio donde reside desde 1956. "Ni siquiera puedo imaginarme fuera de mi casa. Llevo aquí toda mi vida", expresó Maricarmen.
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El contrato de arrendamiento fue firmado por su padre en plena dictadura franquista. Tras su fallecimiento y el de su madre, Maricarmen heredó el contrato y mantuvo las mismas condiciones durante casi dos décadas.
"Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones durante casi 20 años", explicó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Qué eran los contratos de alquiler heredados
Durante el régimen franquista, los contratos de alquiler podían heredarse dentro del núcleo familiar. Esto permitía que los hijos o cónyuges del titular continuaran ocupando la vivienda tras su fallecimiento, manteniendo la renta y las condiciones originales.
Sin embargo, estas figuras jurídicas desaparecieron con las reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que limitó las subrogaciones a una sola generación. "Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio", denunció la organización.
La actualización de la LAU en 1995 puso fin a este tipo de acuerdos, aunque se mantuvieron algunos contratos antiguos protegidos hasta la muerte del último subrogado. Ese fue el caso de Maricarmen, cuyo contrato se extinguió legalmente en 2007.
El desahucio y la decisión judicial
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso. Incapaz de afrontar el precio, la pensionista rechazó la oferta. "Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL", detalló el sindicato.
La empresa alegó que el contrato debía haberse extinguido años atrás. Aunque inicialmente la justicia dio la razón a Maricarmen, el Tribunal Supremo falló finalmente a favor del fondo en marzo de 2025.
La sentencia estableció que la segunda subrogación no podía superar los dos años, salvo en casos de discapacidad superior al 65%. "Maricarmen no puede adherirse a este régimen debido a que su discapacidad es del 50%", aclaró la organización.
Actualmente, Urbagestión exige una renta mensual de 1.650 euros, mientras la pensión de Maricarmen asciende a 1450 euros. "Le dan de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años", advirtió el sindicato.
Por qué se eliminó el contrato de alquiler heredado
El contrato de alquiler heredado fue una figura clave en el acceso a la vivienda durante la posguerra. Su desaparición respondió a la necesidad de modernizar el mercado inmobiliario, según los sucesivos gobiernos.
Sin embargo, las asociaciones de inquilinos advierten que su eliminación aumentó la vulnerabilidad de los mayores y las familias de renta baja. Hoy, solo persisten algunos contratos firmados antes de 1985, con condiciones muy restrictivas para su continuidad.
"Están jugando con mi vida, pero no me voy a ir", concluyó Maricarmen, que se convirtió en símbolo de una lucha más amplia: la de quienes defienden su derecho a permanecer en la vivienda donde han vivido toda su vida.
