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La contratación de empleados del hogar en España está sujeta a nuevas exigencias legales. A partir de este momento, será obligatorio contar con un protocolo de evaluación de riesgos laborales si se tiene personal contratado para tareas como limpieza, cocina, jardinería o cuidado de personas.
El cambio busca equiparar la protección de estos trabajadores con la del resto del mercado laboral. Hasta hace poco, el servicio doméstico quedaba fuera del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995. Sin embargo, una disposición adicional y un real decreto han corregido esta omisión, obligando a los empleadores a garantizar condiciones de trabajo seguras.
Qué documento presentar para cumplir con la nueva normativa
La herramienta fundamental para cumplir con esta responsabilidad es la aplicación digital Prevención10.es, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). A través de esta plataforma, cualquier empleador tiene la capacidad de llevar a cabo una evaluación personalizada de riesgos en su hogar. Este documento debe contener:
- Las características del domicilio
- Las funciones asignadas al empleado (limpieza, cocina, jardinería, conducción, etc.)
- Los riesgos identificados
- Las medidas de corrección y protección recomendadas
Asimismo, la plataforma permite establecer plazos, costes aproximados, identificar responsables de cada tarea y generar un informe final que debe ser conservado como evidencia de cumplimiento.
Adicionalmente, la normativa establece que el empleador está obligado a proporcionar equipos de trabajo y de protección individual sin coste alguno para el trabajador.
Sanciones por no cumplimiento del protocolo de riesgos
No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones económicas considerables. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el artículo 22.2 considera una infracción grave no haber dado de alta al empleado ni cumplir con las condiciones laborales exigidas.
Las multas pueden alcanzar los 12.000 euros, dependiendo de la gravedad: Grado mínimo: entre 3750 y 7500 euros; Grado medio: entre 7501 y 9600 euros; Grado máximo: entre 9601 y 12.000 euros.
Además del riesgo económico, en caso de accidente laboral, el empleador podría quedar desprotegido legalmente si no puede demostrar que ha cumplido con la evaluación de riesgos.
Fecha límite para implementar la evaluación obligatoria
Hasta que se genere el documento, los empleadores disponen del tiempo necesario para adaptar sus contratos y evaluar los potenciales riesgos en sus domicilios.
Esta medida se considera un avance en la dignificación del trabajo doméstico, uno de los sectores más precarios en España. Aunque el número de amas de casa ha disminuido en las últimas décadas —de cinco millones en 2002 a 2,8 millones en 2023—, el empleo doméstico continúa siendo fundamental para miles de familias.
Con este nuevo marco legal, se persigue que la seguridad y los derechos laborales lleguen también a quienes laboran en el ámbito más privado: el hogar.
