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A principios de este año, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una batería de 12 medidas históricas para reforzar el derecho a la vivienda en España. Con el propósito de hacer de ésta el quinto pilar del Estado de Bienestar y no "un negocio para unos cuantos", el plan que ha desarrollado el Ejecutivo gira en torno a tres objetivos: "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas".
Durante su intervención en el acto de clausura del foro "Vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar", Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno de solucionar el problema de la vivienda con "más recursos y nuevas regulaciones". Entre las medidas más destacadas, el presidente en funciones anunció la transferencia de más de 3300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda, para la construcción de vivienda protegida.
Como medida sin precedentes, dentro de este mismo paquete también se incluyó la imposición de un nuevo impuesto a los extranjeros no residentes que deseen adquirir una vivienda.Se trata de un gravamen de hasta el 100% sobre el valor de referencia del inmueble, aplicable únicamente a compradores extracomunitarios sin residencia en el país.
En este contexto, surge la pregunta de si es constitucionalmente viable establecer un impuesto del 100% sobre el valor de referencia o si se podría considerar confiscatorio o discriminatorio. Hablamos con un especialista en real estate para atender a estas consultas.
El Gobierno le pone un nuevo impuesto a los extranjeros no residentes que quieran comprar una vivienda
A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo aseguró que se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. En concreto, estos compradores deberán afrontar una carga fiscal que podría alcanzar el 100% del valor de referencia del inmueble, una medida que el Gobierno justifica como una herramienta para frenar la especulación inmobiliaria, en línea con las restricciones adoptadas en países como Dinamarca o Canadá.
Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación entre expertos legales. Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho Golden Partners, advierte que un gravamen del 100% sobre el valor de referencia plantea dudas claras de constitucionalidad: "Podría ser considerado confiscatorio, en contravención del artículo 31 de la Constitución Española, que prohíbe cargas tributarias desproporcionadas".
Además, el experto sostiene que el gravamen "podría vulnerar normas europeas sobre libre circulación de capitales, especialmente si discrimina a extranjeros no comunitarios. En la práctica, actúa como un arancel inmobiliario".
"No hay precedentes conocidos en derecho comparado que justifiquen una figura similar con ese nivel de agresividad fiscal", afirma Sánchez en diálogo con El Cronista.
Más de 60.000 compras al año
Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, en 2023 las compraventas devivienda efectuadas por extranjeros representaron un 20,9% del total de operaciones (63.183), por encima del 20,6% de promedio en 2022.
Cataluña es la tercera comunidad con más operaciones, por detrás de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, con el 15% de las compras realizadas por personas extranjeras, porcentaje que supera el 25% en Barcelona, Girona y Tarragona.
"Estas operaciones, en muchos casos, no responden a proyectos de vida, sino a inversiones especulativas, segundas residencias o compras realizadas por grandes patrimonios y fondos internacionales", detalla Etna Estrems autora de la iniciativa.
Según la diputada, el 60% de las compras realizadas por extranjeros se hacen al contado, lo que indica una capacidad económica muy superior a la local, que eleva los precios, rompe el equilibrio territorial y dificulta todavía más el acceso a la vivienda de la población residente.
Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio por metro cuadrado que pagan los compradores extranjeros es, de media, un 40% superior al de los compradores nacionales, una diferencia que, a su juicio, "alimenta la burbuja especulativa".
