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El Gobierno español se prepara para dar un paso relevante en materia laboral con la aprobación del anteproyecto que actualizará la normativa de prevención de riesgos laborales, vigente desde hace 30 años.
La iniciativa, anunciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca adaptar el marco regulatorio a los cambios productivos, tecnológicos y sociales.
La medida será tratada en el Consejo de Ministros el próximo martes, en coincidencia con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, lo que refuerza su carácter simbólico y político. El texto cuenta con el respaldo sindical, aunque sin el apoyo de las patronales, lo que anticipa tensiones en su implementación.
La reforma introduce nuevas herramientas de control y prevención en el ámbito laboral, con especial foco en pequeñas y medianas empresas.
También incorpora una mirada de género y contempla los desafíos derivados de la digitalización, el cambio climático y las transformaciones en sectores como el de los cuidados, donde se concentran altos niveles de precariedad.
¿Qué cambios introduce la nueva ley de prevención laboral?
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de la figura del agente territorial de prevención de riesgos laborales. Este profesional tendrá la capacidad de visitar centros de trabajo, especialmente en empresas pequeñas, y sugerir medidas concretas para mejorar las condiciones de seguridad y salud.
La incorporación de este rol apunta a cubrir vacíos en compañías sin representación sindical, donde muchas veces la prevención resulta insuficiente. Sin embargo, esta medida generó rechazo en el sector empresarial, que considera que podría implicar mayores cargas regulatorias y costos adicionales.
Además, la norma busca modernizar la legislación vigente incorporando nuevos riesgos vinculados a la digitalización, como el uso de algoritmos en la gestión del trabajo, así como factores asociados al cambio climático y su impacto en determinadas actividades laborales.
¿Cómo impacta la reforma en el empleo y el sector de cuidados?
La ministra subrayó que mejorar las condiciones laborales en el sector de cuidados es clave para atraer trabajadores, en un contexto donde Europa enfrenta un déficit creciente de mano de obra en este ámbito.
En ese sentido, vinculó la reforma con políticas previas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la temporalidad.
También se avanzará en modificaciones en el registro de jornada, un punto sensible en actividades con alta informalidad y abuso de horas extra, como el trabajo a tiempo parcial. A esto se suma la adaptación a normativas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.
Por otro lado, el Gobierno trabaja en una actualización del sistema de atención a la dependencia, con el objetivo de reforzar la protección de quienes se desempeñan en el servicio de ayuda a domicilio.
En paralelo, se busca limitar prácticas irregulares en plataformas digitales, evitando que operen como intermediarios laborales sin regulación, lo que, según el Ejecutivo, constituye competencia desleal.