A partir del 1 de enero de 2026, autónomos y empresas estarán obligados a declarar todos los ingresos obtenidos y los pagos realizados mediante medios electrónicos, como Bizum, tarjetas bancarias u otras aplicaciones similares. La medida forma parte del nuevo plan de Hacienda, que busca diferenciar con mayor claridad las operaciones vinculadas a la actividad económica de cada profesional de aquellas que pertenecen a su ámbito personal.
Desde Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en España, señalan que el resto de las entidades de pago y de dinero electrónico que prestan servicios en España -incluidas las entidades extranjeras establecidas en nuestro país o en régimen de libre prestación de servicios para clientes residentes- están obligadas a facilitar la información a la Agencia Tributaria. Esto es así para dar cuenta de todas las operaciones que realicen los autónomos y empresas mediante cualquier tipo de tarjetas.
Los técnicos destacan que la obligatoriedad informativa se extiende a todas las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, que se diferencia de la anterior en que afecta a todos los contribuyentes, no solo a empresas y autónomos, porque debe informarse “del total anual de los abonos, cargos, recargas y retiradas en efectivo y operaciones de gasto en establecimientos, siempre que los importes de cargos y de abonos en el año superen los 25.000 euros”.
Además, la Agencia Tributaria obtendrá mensualmente la información de cuentas bancarias y no bancarias, ya sean “cuentas de pago, de sus titulares, titulares reales, representantes, autorizados, beneficiarios o personas que puedan disponer de sus saldos”.
Los bancos están obligados a informar mensualmente de todos los cobros y pagos con tarjetas
Los técnicos de Hacienda recuerdan a pymes y autónomos que desaparece el histórico umbral anual de 3.000 euros en los cobros realizados con tarjeta. No obstante, advierten de que este límite no debe confundirse con otros que siguen vigentes, como la obligación de informar de los movimientos de efectivo superiores a 3.000 euros, así como de los saldos a 31 de diciembre de préstamos y créditos que superen los 6.000 euros.
Desde Gestha señalan que el propósito de estas medidas es “reforzar el control tributario y la capacidad para detectar ingresos no declarados, gracias a la trazabilidad de estos cobros y pagos con relevancia tributaria”.
