El 29 de octubre de 2025, Maricarmen, una pensionista de 87 años de edad que reside en un piso en la zona de El Retiro en Madrid, debía ser desahuciada por la acción de la empresa Urbagestión.

Esta empresa es un fondo buitre que adquirió el edificio en el que habita desde que su padre firmó un contrato de arrendamiento en 1956.

Sin embargo, la movilización de los vecinos y las organizaciones sociales en defensa del derecho a permanecer en la vivienda ha provocado la suspensión del primer alzamiento en su contra.

Maricarmen heredó el contrato tras el fallecimiento de sus padres, siendo su madre la última en fallecer en 2005. Desde entonces, ha vivido bajo las mismas condiciones: una renta que se actualizaba anualmente de acuerdo con el IPC, además de otros gastos como el IBI. “Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones.. durante casi 20 años“, detalló el Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Madrid en un comunicado.

“Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956. Llevo aquí toda mi vida, desde que tenía 17 años. Es la casa donde he crecido, donde murieron mi padre y mi madre. Mi sorpresa fue que recibí una carta del fondo buitre en la que se me decía que debía abandonar mi hogar. No les hice ningún caso porque ellos no pueden echarme“, explicó Maricarmen al enfrentar un posible desalojo.

Motivos para el desahucio

En 2018, la familia propietaria transfirió la propiedad del edificio a Renta Corporación, uno de los principales holdings inmobiliarios españoles. Dos años más tarde, la empresa propuso a Maricarmen adquirir el piso, sin embargo, la pensionista no fue capaz de afrontar el precio.

“Al día siguiente de comunicar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL”, explicaron desde la organización.

Los nuevos propietarios sostuvieron que el contrato de Maricarmen debió ser extinguido en 2007. Aunque en primera instancia la justicia otorgó la razón a Maricarmen, la empresa apeló hasta que el Tribunal Supremo dictó su fallo a favor de la empresa en marzo de 2025.

La razón es que la segunda subrogación del contrato solo puede extenderse por dos años, salvo en el supuesto de que el descendiente conviviente presentara una discapacidad superior al 65%, precisó la organización. Maricarmen no puede acogerse a este régimen debido a que su discapacidad es del 50%.

Fue en ese momento que Urbagestión demandó un alquiler mensual de 1.650 euros, mientras que la pensión de Maricarmen asciende a 1.450 euros. “En caso contrario, se le otorgó un plazo hasta el 31 de mayo para desocupar la vivienda en la que ha residido durante 69 años”, advirtió el sindicato.

Acciones vecinales en apoyo a Maricarmen frente a su desalojo

El desahucio estaba previsto para octubre, pero el juzgado comunicó su suspensión hasta que se encuentre una alternativa habitacional. “La única solución es que Maricarmen permanezca en su vivienda”, enfatiza el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid en un comunicado.

No obstante, la jubilada continúa sin una solución habitacional y la única opción proporcionada por el Ayuntamiento de Madrid es que se registre en las listas de espera de los recursos sociales. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que “no tiene conocimiento de que Maricarmen hubiera solicitado ayuda”. Sin embargo, el sindicato sostiene que la vecina “ya lo hizo previamente”.