

Con la conocida como "ley solo sí es sí" en el centro del debate, el Senado reactivará este miércoles la tramitación de otros dos proyectos clave del Ministerio de Igualdad: la reforma de la ley del aborto y también la ley trans.
El proyecto de ley del aborto lleva 13 años estancado a la mesa del Tribunal Constitucional (TC). Ahora, según se ha adelantado esta semana, el sector progresista del TC lo avalará se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en la sentencia que se debatirá la próxima semana.
La ley del aborto contará con el apoyo del progresismo del TC
La mayoría progresista del TC avalará la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en la sentencia que se debatirá la próxima semana, según ha publicado este lunes el diario El País.
Este miércoles la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta estudiará ambos proyectos para dejarlos listos para la próxima semana. El debate tendrá lugar el 7 de febrero, y en el caso de la ley del aborto, el órgano de garantías pondrá en juicio el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular en 2010 contra la vigente ley de plazos.
Pese a todo, el análisis y el debate prometen ser exhaustivos. Según ha explicado el citado medio, ya habría comenzado los contactos preliminares entre magistrados, y ha quedado claro que ninguno de los siete jueces progresistas de los once que integran el Constitucional permitirá cambios en la sentencia que ponga algún obstáculo a la libre decisión de la mujer.

Sin embargo, será analizada cualquier propuesta. La reforma de la norma busca garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y eliminar la necesidad de que las menores de 16 y 17 años cuenten con permiso paterno, exigencia que introdujo el PP en 2015.
Ley del aborto en España: qué dice la norma
La norma que garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir el período de gestación es la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas sin necesidad de justificación por parte de la mujer. Tras este periodo, la interrupción sería posible solo si existe riesgo para la salud o vida de la mujer, malformaciones fetales graves o situaciones de violencia sexual.
Además, se garantiza el acceso a información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva y establece la obligación de garantizar la confidencialidad y protección de la privacidad de la mujer.


