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La convivencia en edificios de vecinos conlleva responsabilidades compartidas, especialmente cuando se trata de reformas o mejoras dentro de cada vivienda. Para evitar conflictos, los españoles deben conocer qué tipo de obras requieren acuerdo comunitario y cuáles se pueden llevar a cabo de forma autónoma.
En virtud de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), está definido qué tipo de intervenciones se permiten sin autorización de la comunidad y en qué supuestos la comunidad puede exigir no sólo la aprobación, sino también que los vecinos asuman el coste.
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Según está estipulado en el artículo 7, existen reformas que se pueden hacer sin menoscabo del régimen común.
Obras que se pueden hacer sin permiso de la comunidad
El artículo 7.1 de la LPH señala que "el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe ni altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario".
Esto significa que reformas dentro de la vivienda que no intervengan en elementos comunes, estructura o fachada pueden ejecutarse sin acuerdo previo de la comunidad. Por ejemplo, cambiar el suelo, alicatar un baño o instalar armarios empotrados.
Según especialistas en derecho inmobiliario, la ley permite a los propietarios ejecutar reformas interiores sin autorización comunitaria siempre que no alteren elementos comunes.
Sin embargo, esto límites claros. Si la obra afecta fachadas, zonas comunes, terrazas comunitarias o instalaciones compartidas, entonces se requiere consentimiento. En la práctica, el propietario deberá solicitar la aprobación en la junta antes de iniciar.
Cuándo pueden los vecinos verse obligados a hacerse cargo del coste de las obras
Existen casos en los que la comunidad de vecinos puede instar a un propietario a asumir los gastos de una intervención, incluso cuando su vivienda es la única afectada.
Esta obligación aparece cuando la obra es necesaria para el servicio, la seguridad o la habitabilidad del edificio. Por ejemplo, si un propietario modifica una instalación común -como una pared maestra o una conducción colectiva- la comunidad puede exigir arreglo y asumir la recuperación de dicha parte.
Adicionalmente, cuando la obra afecta a mejoras de accesibilidad (rampas, ascensores o adaptaciones para discapacidad) la LPH establece que pueden ejecutarse sin acuerdo previo siempre que no superen 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes y que los beneficiarios asuman el exceso.
Por ejemplo, una comunidad puede decidir instalar un ascensor obligatorio para eliminar barreras arquitectónicas. Si el coste es reducido y no compromete al edificio, todos los vecinos participan; si es elevado, el propietario que lo solicita puede pagar el excedente.
Qué es recomendable hacer antes de iniciar una obra
Ante la duda de si una reforma requiere permiso o puede generar coste comunitario, lo recomendable es verificar cuál es el impacto que puede tener la misma para los vecinos.
Si se alteran elementos comunes (fachada, estructura, instalaciones generales), la aprobación de la comunidad es necesaria. En ese caso, el propietario debe presentar el proyecto técnico, contabilizar el coste y votar en junta.
Si la reforma se limita al ámbito privativo, comunicarla al administrador puede bastar, siempre respetando normativa municipal y licencia urbanística cuando corresponda. Las comunidades también pueden exigir al propietario que restituya el estado original si se ha actuado sin permiso.
La previsión puede reducir conflictos. Consultar los estatutos comunitarios, documentar la obra, y asegurar que el presupuesto indica claramente si afecta a partes comunes o no. Así se evita que los costes pasen de lo personal a lo colectivo sin que haya discusión o acuerdo.
