La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aprobada en enero de 2025 en España, constituye la normativa que regula las comunidades de propietarios, estableciendo las obligaciones y derechos correspondientes.

La ley también contempla la eliminación obligatoria de barreras arquitectónicas, en consonancia con las demandas de personas mayores de 70 años y discapacitados, así como el abordaje de la morosidad y las alternativas para combatirla.

De esta forma, se promueve la digitalización en la gestión de comunidades, se aclaran las multas por impagos de cuotas u obras no autorizadas, la regulación de los pisos turísticos mediante acuerdos comunitarios y las ayudas para la rehabilitación de edificios.

Avalado por la ley de propiedad horizontal

El artículo 21 de la LPH aborda el incumplimiento en el pago de los gastos comunes, estableciendo medidas preventivas de carácter convencional, así como la posibilidad de proceder a la reclamación judicial de la deuda, mediación y arbitraje.

De este modo, se faculta la reclamación de deudas pendientes que no superen los 2000 euros, sustentada en una directiva que impone a cada propietario la obligación de participar en los gastos comunes del edificio.

Además, la deuda puede ser objeto de reclamación por vía judicial, lo que implica la pérdida del derecho a voto del propietario que incumple en las juntas y, en situaciones extremas, se puede llegar al embargo de bienes.

Cómo aplicar el artículo 21 de la Ley para abordar propietarios morosos

Las medidas contra los propietarios morosos son determinadas en el seno de la junta de vecinos. En primer lugar, es necesario reclamar la deuda y notificar al deudor a través de burofax o mediante un procedimiento notarial, asegurando así la existencia de un registro legal del aviso.

Si la situación persiste sin solución, se puede solicitar el embargo de bienes, ya sean de naturaleza financiera o inmobiliaria, con la correspondiente acumulación de intereses por demora. Además, la comunidad tiene la facultad de hacer pública la identidad de los deudores y el monto adeudado, siempre que se cumpla con la Ley de Protección de Datos.