La Ley 7/2023, sobre la protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como "Ley de Bienestar Animal", entra en vigor con una serie de cambios clave. El Gobierno lanza así una advertencia para los dueños de gatos en España, quienes deberán cumplir con un requisito obligatorio.

Esta nueva disposición tiene como objetivo garantizar el bienestar animaly evitar el abandono de mascotas.

El requisito que deberán cumplir los dueños de gatos en España

Los gatos han sido desde siempre una de las mascotas más queridas en España. Con su carácter independiente y su capacidad para adaptarse a cualquier hogar, no es de extrañar que muchas familias tengan uno.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, ser dueño de un gato ya no solo implica alimentarlo y ofrecerle afecto, también obliga a cumplir con nuevas responsabilidades legales.

A partir de ahora, los propietarios de gatos deben cumplir con una obligación esencial: identificar a sus felinos mediante un microchip. Esta medida, que antes solo era obligatoria para los perros, se ha extendido a los gatos, con el fin de mejorar el control sobre los animales y evitar su abandono. Además, será imprescindible mantener el certificado de vacunación al día.

¿Qué implica esta nueva ley para los propietarios?

A continuación, detallamos los aspectos más importantes de la Ley 7/2023 que afecta directamente a los propietarios de gatos en España:

• Microchip obligatorio: todos los gatos deberán ser identificados con un microchip que permita su rastreo y control. Esto es una obligación legal para garantizar la trazabilidad de los animales.

• Certificado de vacunación actualizado: los propietarios deberán mantener al día el certificado de vacunación de sus gatos. Esto no solo garantiza su salud, sino que también contribuye a la protección pública ante enfermedades zoonóticas.

• Prohibición de venta en tiendas: a partir de la vigencia de la ley, se prohíbe la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. Solo los criadores registrados podrán vender estas especies, con sanciones económicas severas para aquellos que no cumplan con esta normativa. Las multas van desde los 50.001 hasta los 200.000 euros.