La vivienda tiene un peso cada vez mayor en la capacidad económica de los hogares españoles. Un estudio elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, y Álvaro Pinto, de Fedea y la Universidad de Alcalá, analiza la pobreza entre 2014 y 2025 a partir de una metodología que descuenta de la renta disponible el coste de acceso a la vivienda.

Según el informe, la tasa de pobreza convencional pasó del 19,5% de la población en 2025 al 23,5% cuando se descontó el coste residencial.

La diferencia supone casi 2 millones de personas que no aparecen como pobres bajo el indicador tradicional, pero que quedan por debajo del umbral después de afrontar los gastos asociados a su vivienda.

¿Por qué el alquiler modifica la medición de la pobreza en España?

El impacto es especialmente significativo entre las personas que alquilan una vivienda a precio de mercado. En 2025, la pobreza convencional alcanzó al 32,8% de quienes vivían bajo este régimen de tenencia. Cuando se descontó el coste del alquiler, la proporción ascendió al 49,9%.

El estudio señala que uno de cada cuatro inquilinos que inicialmente no era considerado pobre pasa a situarse por debajo del umbral después de pagar la renta. Además, el 72,5% de las personas que se incorporan a esta situación de vulnerabilidad tras descontar el coste residencial corresponde a inquilinos de mercado.

El peso de este régimen de tenencia también aumentó durante la última década. La población que vive de alquiler a precio de mercado pasó del 12,1% en 2014 al 17,4% en 2025, hasta alcanzar unos 2,88 millones de personas. El informe identifica este grupo como el que soporta los mayores costes medianos de acceso a la vivienda.

¿Qué perfiles están más expuestos al impacto del coste de la vivienda?

La vulnerabilidad asociada al gasto residencial presenta diferencias según la edad, el lugar de nacimiento y el régimen de tenencia. El estudio señala una mayor exposición entre los inquilinos, los hogares cuya persona de referencia es joven y las personas nacidas en el extranjero, especialmente en las zonas con mercados de vivienda más tensionados.

El efecto también presenta diferencias territoriales. Los gastos residenciales superiores a 10.000 euros anuales por hogar tienen una presencia especialmente elevada en la Comunidad de Madrid, Baleares y Cataluña. En Madrid afectan al 23,7% de la población, mientras que en Baleares alcanzan al 20,4% y en Cataluña al 18%.

Fedea plantea que la renta disponible continúa siendo una referencia relevante para medir la pobreza, pero sostiene que resulta insuficiente para reflejar las diferencias en la capacidad económica de hogares con ingresos similares cuando sus costes de alojamiento son muy diferentes.

La metodología After Housing Costs (AHC) permite incorporar ese gasto y modifica tanto la cantidad de personas consideradas pobres como la intensidad de la pobreza.