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El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de 68.058.000 euros para activar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) durante el ejercicio presupuestario 2025.
La iniciativa responde a los compromisos asumidos por España en el Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo objetivo es fortalecer la cohesión, la equidad y el carácter universal del Sistema Nacional de Salud.
Buenas noticias para los mayores de 65: podrán acceder a tratamientos dentales gratis
El Ministerio de Sanidad destaca que la principal novedad de este año es la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario de las prestaciones públicas de salud bucodental, comenzando por quienes se encuentran institucionalizados.
Esta medida da continuidad al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que prevé el seguimiento de la implementación de la cartera de servicios en los colectivos priorizados inicialmente, e incluye expresamente a los mayores de 65 años como nuevo grupo destinatario.
Como resultado, se han modificado los criterios de reparto territorial de los fondos, incorporando por primera vez a las personas mayores de 65 años como una variable específica. Concretamente, el 10% del presupuesto total se distribuye en función del porcentaje de población mayor de 65 años en cada comunidad autónoma y en el INGESA, en relación con el total nacional.
El 90% restante se reparte según el número de personas pertenecientes a los colectivos ya priorizados desde la aprobación del Plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental:
- población de 0 a 14 años (dividida en los tramos 0-5, 6-12 y 13-14 años)
- mujeres embarazadas
- personas con diagnóstico oncológico en la región cervicofacial personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Hay tiempo hasta 2027 para ponerlo en marcha
El reparto territorial contempla una ejecución total de 67.692.644,38 euros entre las comunidades autónomas, y 365.355,62 euros asignados al INGESA para el desarrollo del Plan en Ceuta y Melilla. Los fondos deberán estar comprometidos antes del 31 de diciembre de 2025 y las medidas podrán ejecutarse hasta 2027.
El seguimiento del programa se realizará mediante indicadores de cobertura y actividad, y requerirá a las comunidades autónomas e INGESA la presentación de informes de planificación y ejecución antes del 30 de septiembre de 2025 y del 31 de marzo del año siguiente, respectivamente.
