

La jubilación anticipada se presenta como una alternativa atractiva para quienes han acumulado largas carreras de cotización. Sin embargo, esta opción puede salir cara: la Seguridad Social penaliza con recortes de hasta un 21% en la pensión si no se cumple un requisito clave. Ni siquiera haber trabajado durante más de cuatro décadas evita esta reducción.
En 2025, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, aunque quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses podrán retirarse a los 65. Para quienes optan por la jubilación anticipada voluntaria, será posible hacerlo desde los 63 años -siempre que cumplan con el mínimo de 38 años y tres meses-, o desde los 62 años y 8 meses si alcanzan al menos 33 años de cotización. Pero elegir este camino conlleva un coste que puede afectar seriamente la cuantía final a percibir.
La penalización no es menor. Aunque se aplica solo a quienes piden la jubilación anticipada de forma voluntaria, muchos trabajadores se ven sorprendidos por el impacto del recorte, especialmente después de haber cotizado durante gran parte de su vida. Esta situación ha generado un creciente debate sobre la justicia del sistema actual.

Las penalizaciones por jubilarse antes de tiempo
La Seguridad Social aplica coeficientes reductores mensuales a las pensiones por jubilación anticipada voluntaria. Esta tabla, vigente en 2025, establece reducciones que van desde el 2,81% hasta el 21% según los meses que se adelante la jubilación y los años cotizados por el trabajador.
Por ejemplo, una persona con menos de 38 años y medio de cotización que decida jubilarse dos años antes de la edad legal, sufrirá una rebaja del 21% sobre su pensión. En cambio, alguien con más de 44 años y seis meses cotizados tendrá una penalización menor, del 13% si se retira dos años antes, o del 2,81% si adelanta solo un mes.
Estos porcentajes se aplican una vez calculada la base reguladora de la pensión, lo que significa que el impacto puede ser notable. El objetivo de estas penalizaciones es claro: desincentivar las jubilaciones anticipadas y alentar a los trabajadores a prolongar su vida laboral.
¿Por qué castiga el sistema a quienes más han cotizado?
Uno de los grandes interrogantes es por qué se penaliza precisamente a quienes han aportado más tiempo al sistema. La respuesta oficial es que, al cobrar antes la pensión y durante más tiempo, el sistema público se ve presionado. Por ello, las últimas reformas -impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez- apuntan a premiar a quienes retrasen su jubilación y a endurecer las condiciones para quienes quieran anticiparla.
No es posible evitar esta penalización si se accede a la jubilación anticipada voluntaria. Sin embargo, existen excepciones. Profesionales expuestos a condiciones laborales extremas o trabajadores con discapacidad reconocida pueden retirarse antes sin sufrir estos recortes. En estos casos, es posible jubilarse a los 52 o 56 años, dependiendo del grado de discapacidad, sin pérdida en los años cotizados.





