

El presidente Javier Milei firmó el decreto que acepta la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, investigado por proteger a narcotraficantes, extorsionar a empresarios y malversar fondos públicos.
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, desactiva el juicio político que se estaba tramitando en el Consejo de la Magistratura y permite que el magistrado acceda a una jubilación de privilegio, aunque no lo exime de una eventual detención.
El decreto, que también lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no incluye fundamentos, a pesar de la gravedad de las acusaciones. El 11 de junio, Bailaque presentó su renuncia con fecha de efectividad para el 1° de julio, en medio de múltiples causas en su contra.
Los cargos que pesan sobre Bailaque
El dictamen de acusación, elaborado por el diputado Álvaro González y el consejero Alberto Maques, detalla al menos tres hechos de mal desempeño e incompatibilidades éticas:
Vínculos con el narco Esteban Lindor Alvarado: no se excusó en causas sensibles pese a la relación de su juzgado con allegados al capo narco.
Extorsión a un empresario: habría participado de un armado de causa contra Claudio Iglesias, a quien le exigieron 200.000 dólares para frenar la investigación.
Desvío de fondos públicos: permitió que dinero de una cooperativa intervenida terminara en manos de una mutual vinculada a un amigo personal.
Críticas por impunidad y falta de rendición de cuentas
Organizaciones como ACIJ e INECIP cuestionaron la decisión del Gobierno y solicitaron rechazar la renuncia para garantizar el juzgamiento del magistrado. Recordaron que, según la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de negar la renuncia cuando hay un proceso de enjuiciamiento en curso.

"Aceptar la renuncia en estas condiciones consagra la impunidad y debilita las instituciones judiciales", alertaron en un comunicado conjunto.
Bailaque fue nombrado en 2008, durante la gestión kirchnerista, y acumuló denuncias por demoras injustificadas en causas vinculadas al narcotráfico. Su juzgado en Rosario fue señalado en reiteradas ocasiones por su falta de avance en investigaciones claves, como la que involucraba a la banda de Los Monos.
Con esta decisión, el juez se retira del cargo sin enfrentar el jury y con derecho a percibir una jubilación especial, a pesar de las acusaciones penales que podrían avanzar en el fuero federal.



