Luego de una jornada cargada de tensión en Diputados, hoy será el turno del Senado con dos reuniones que concitan mucha atención.

A partir de las 11 la Comisión de Acuerdos tratará el pliego de Manuel García Mansilla quien ya se convirtió en juez de la Corte Suprema por un decreto del presidente Javier Milei pero que no logró completar el trámite en la Cámara alta.

Precisamente, después de esa maniobra del oficialismo, la oposición quiere ahora voltear no solo el pliego de García Mansilla sino también de Ariel Lijo, quien sí alcanzó dictamen de comisión, pero no tuvo el respaldo en el recinto porque el oficialismo no logró los acuerdos.

En tanto, el senador libertario Juan Carlos Pagotto citó para las 13.30 a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para analizar el decreto 179/2025 por el cual el Gobierno nacional selló un nuevo acuerdo con el FMI, pero sobre la hora fue suspendida. Entre los integrantes de la mencionada comisión figuran Oscar Zago y Lisandro Almirón, los dos diputados que ayer se trenzaron en el recinto de la Cámara baja.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos ya había remitido el decreto el martes al Congreso para apurar los tiempos y dar buenas señales al mercado, pese a que la oposición cuestiona la decisión de no realizar el trámite completo, pasando por el Congreso y optar por la vía del DNU.

Lo primero que deberá resolverse es quién será el nuevo titular ya que al comenzar un nuevo período de sesiones finalizan los mandatos de los titulares y, en este caso, el control debe pasar a un diputado, ya que se trata de una bicameral.

Es decir que Pagotto no seguirá en su rol pero tampoco hay acuerdo sobre quién será su reemplazante ya que hay opciones dentro de los libertarios, pero también podría ser alguien del PRO o de los radicales cercanos al Gobierno, según se especula.

Si no se logra obtener dictamen, una vez que transcurran 10 días hábiles desde su presentación en el Congreso, el texto podrá ir directamente al recinto como sucedió con el DNU por el que se aumentaron los fondos reservados para la SIDE y, por primera vez en la historia, fue rechazado.

La apuesta del Gobierno es que al menos una de las dos cámaras lo avale, en este caso sería Diputados, para dejar vigente el decreto firmado por el presidente Javier Milei y no tener que encarar un trámite engorroso a través de un proyecto de ley que es lo que pide la oposición de acuerdo a la normativa vigente.

Qué dice el decreto firmado por Milei

De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas "tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses".

También fijan que se destinarán a cancelar "las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central" y "las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo".

El decreto realiza una extensa fundamentación legal contra la Ley Guzmán (27.612), que exige la aprobación del Congreso para operaciones de crédito público con el FMI, y la 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.

No obstante, el Gobierno argumenta que la gravedad de la situación económica justifica la emisión del DNU sin esperar el trámite legislativo ordinario.