Después de semanas de tensión, audiencias, una conciliación obligatoria y negociaciones que se extendieron hasta la madrugada, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo alcanzaron un acuerdo salarial con las cámaras empresarias y despejaron el riesgo de una nueva huelga que amenazaba con afectar la actividad de los principales puertos agroexportadores del país.

El entendimiento fue sellado hoy tras una extensa negociación con representantes de CIARA, CIAVEC y CARBIO, luego de que el conflicto llegara al límite del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Fuentes gremiales consultadas por El Cronista habían anticipado la semana pasada, durante la maratónica negociación del jueves, que las conversaciones seguían abiertas pese al vencimiento de los plazos administrativos.

Incluso, mientras se desarrollaba la audiencia decisiva, aseguraban que el hecho de que las partes permanecieran reunidas era una señal alentadora, aunque advertían que “todavía se podía descarrilar todo”.

Finalmente, tras más de 15 horas de negociaciones, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, instancia en la que terminó de cerrarse el acuerdo.

La nueva paritaria establece un salario inicial para la categoría de peón de $2.578.400 a partir del 1° de julio de 2026, que se elevará a $2.719.040 desde el 1° de septiembre. Además, contempla el pago de una suma retroactiva correspondiente a mayo y junio, que será abonada junto con los haberes de junio.

Aunque el acuerdo puso fin al conflicto salarial, el desenlace dejó al descubierto otra disputa que atravesó toda la negociación: la del relato público sobre quién cedió y quién impuso sus condiciones.

En el breve comunicado difundido tras la firma, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) destacó que “la industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios” y remarcó que el entendimiento “cubre todo el año 2026” tomando como referencia las expectativas de inflación relevadas por el REM del Banco Central.

La entidad sostuvo además que el incremento acumulado alcanzó el 29,5%, lo que, a su entender, “garantiza la paz social durante todo el año”.

Sin embargo, fuentes gremiales consultadas por El Cronista sostuvieron que ese mensaje fue la continuidad de una estrategia comunicacional que la cámara mantuvo durante toda la negociación. Según esa visión, mientras los comunicados públicos exhibieron un tono de fuerte confrontación, las conversaciones en la mesa paritaria transcurrieron en un clima distinto y permitieron sostener el diálogo incluso durante una audiencia extenuante.

Esa diferencia entre el tono de la negociación y el de la comunicación pública también quedó reflejada durante los últimos días del conflicto. En la antesala de la audiencia decisiva, CIARA difundió un comunicado en el que aseguró que los sindicatos “no tienen voluntad real de negociar salarios”, sostuvo que sus reclamos “trascienden lo salarial” y los vinculó con cuestionamientos a la política económica nacional.

El conflicto había escalado luego de que los sindicatos rechazaran sucesivas propuestas empresarias, entre ellas una oferta de apenas $15.000 para mayo que calificaron como una “provocación”. Esa situación derivó en una huelga nacional el 27 de mayo, posteriormente suspendida por la conciliación obligatoria, y en una serie de audiencias que mantuvieron en vilo a una de las actividades estratégicas para el ingreso de divisas.

Como en cada negociación paritaria, la Federación Aceitera sostuvo su histórico criterio de reclamar un Salario Mínimo, Vital y Móvil calculado según las necesidades contempladas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, y no únicamente en función de la inflación.

En el comunicado difundido tras la firma, las organizaciones sindicales señalaron que defendieron ese principio “en un contexto donde el Gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina”, al tiempo que reivindicaron la huelga realizada en mayo como un factor determinante para alcanzar el entendimiento.

El acuerdo pone fin, al menos por ahora, a un conflicto que durante varias semanas mantuvo bajo presión a la principal cadena agroexportadora del país. Una eventual medida de fuerza de los aceiteros habría impactado de lleno sobre la operatoria de los puertos del Gran Rosario, por donde sale la mayor parte de las exportaciones argentinas de soja, harinas y aceites, y sobre el ingreso de divisas en uno de los momentos de mayor liquidación de la cosecha gruesa.

Un conflicto que trasciende una discusión salarial

El peso que tiene cada negociación entre aceiteros y empresas explica por qué el conflicto es seguido de cerca tanto por el Gobierno como por el mercado. El complejo oleaginoso-cerealero constituye el principal generador de divisas de la economía argentina y las empresas representadas por CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) concentran el 48% de las exportaciones nacionales.

Según el Monitor Agroindustrial que elabora Ciara, “con los datos y las cifras más relevantes del sector”, solo durante mayo, en pleno avance de la cosecha de soja, las compañías del sector liquidaron u$s 2.677 millones, un 7,3% más que en abril, impulsadas por un mayor ritmo de molienda y por el fuerte ingreso de camiones a las plantas industriales.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el complejo aportó u$s 10.344 millones, aunque esa cifra todavía se ubicó un 11,7% por debajo del mismo período de 2025.

Ese movimiento también se reflejó en la logística. Durante mayo ingresaron 166.149 camiones cargados con soja a los principales puertos y plantas del país, equivalentes a 5,3 millones de toneladas, un salto del 76% respecto de abril, favorecido por el avance de la cosecha, que ya cubría cerca del 85% del área implantada.