Fuente: Archivo
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El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) acumuló una pérdida del 32% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y abril de 2025, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la UBA. Este deterioro lo ubicó en niveles inferiores a los de 2001, antes de la crisis de la convertibilidad, y un 62% por debajo de su pico histórico en 2011.
Desde su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei defendió como eje de su discurso la desaceleración de la inflación y la supuesta salida de "10 millones de personas de la pobreza". Sin embargo, diversos indicadores sociales y económicos revelaron una realidad más compleja. La caída del consumo de productos básicos como leche y carne, el deterioro de las jubilaciones y el retroceso del salario mínimo conformaron un escenario que cuestiona la narrativa oficial.
En abril de 2025, el SMVM retrocedió 0,8% en términos reales, una merma menor a la de marzo (-2,1%) pero que profundizó una tendencia iniciada en diciembre de 2023, cuando la aceleración inflacionaria lo desplomó 15%. El informe de EDIL, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, detalla que solo hubo breves períodos de estabilidad, como entre febrero y julio de 2024, cuando los ajustes nominales empataron la inflación.
El último aumento, establecido por decreto en abril pasado, llevó el SMVM a $302.600 mensuales, con incrementos escalonados hasta $322.000 en agosto. El Gobierno también impuso un techo del 1% para las paritarias, una medida que, según la oposición, "contradice su discurso liberal" y limita la negociación colectiva.
Qué es el Salario Mínimo
El SMVM es "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia [...] de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento", según el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Debería fijarse por consenso en el Consejo del Salario, donde participan representantes sindicales, empresarios y del Estado.
Sin embargo, ni empresarios ni gremios lograron consensuar en las últimas reuniones, por lo que el Gobierno intervino mediante laudo. En todos los casos, el monto definido se alineó con las posiciones empresarias.
