El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles ante el Congreso sobre lineamientos vinculados a las privatizaciones, la cantidad de concursos preventivos de empresas y el destino del impuesto a los combustibles líquidos.
Respecto de las privatizaciones, lideraron las consultas de los legisladores Nucleoeléctrica y Aysa (cuyo proceso de venta ya inició). En su informe, el Gobierno también detalló que la concesión del ferrocarril San Martín, parte del Belgrano Cargas, incluirá una traza que hoy está fuera de servicio y que une las estaciones de Pilar y Zárate, lo que agilizará la conexión a los puertos de Zárate Campana, para potenciar la conectividad de la producción de la región Cuyo. Si bien la línea Belgrano es la que generó la mayor pulseada, la San Martín ofrecía la mayor capacidad de carga y la traza más atractiva.
También en el frente de las privatizaciones, detalló que la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Transporte y la de Coordinación de Infraestructura, evalúan la incorporación de nuevos tramos a la Red Federal de Concesiones, que nuclea las rutas que serán concesionadas a los privados para su mantenimiento y explotación.
Las áreas en cuestión estuvieron recientemente en reestructuración tras la renuncia de Carlos Frugoni luego de que se conociera que tenía siete propiedades en el exterior sin declarar en el país. Lo reemplazó quien era su secretario de Transporte, Fernando Herrmann.
Respecto de Nucleoeléctrica, una de las más complejas para ser vendida, el Gobierno explicó que trabajan en los pliegos, aunque no se ha definido un cronograma para la convocatoria a la licitación. En paralelo, detallaron que el proyecto del reactor modular RA-10 registró marcados avances en los últimos dos años, mientras que la obra civil del CAREM está paralizada debido a que “fue iniciada irresponsablemente”, y que la ingeniería no estaba finalizada.
La empresa que gestiona las centrales nucleares estuvo bajo el ojo público luego de que el asesor presidencial Demian Reidel debiera renunciar a su dirección por presunta irregularidad en los contratos. El Ministerio de Economía reconoció que no se realizó una auditoría integral independiente de las contrataciones, ya que la Gerencia designó un comité revisor ad-hoc que efectúa las verificaciones, sumado al comité de integridad de la empresa.
El Ministerio de Economía fue consultado sobre los planes de privatizar en consultoras distintas áreas o funciones que le pertenecen. La cartera que conduce Luis Caputo dijo que “las competencias sustantivas, estratégicas y decisorias” del Ministerio son indelegables y que no se prevé la transferencia ni privatización de funciones propias del núcleo de competencias, pero que sí evalúan esquemas complementarios de asistencia técnica, soporte especializado o provisión de servicios específicos por parte de terceros para “mejorar la eficiencia operativa, incorporar capacidad técnicas específicas o acelerar procesos de implementación”.
En materia energética, sobre todo en el contexto del conflicto de Medio Oriente que presionó al alza el precio del crudo, remarcó que los precios de los combustibles no cuentan con intervención del Poder Ejecutivo, pero que se permitió el aumento del corte de mezclas por arriba del corte obligatorio histórico, para mitigar el impacto del aumento del crudo internacional en las naftas locales.
Sobre el esquema de subsidios, revelaron que el esquema actual es objeto de revisiones periódicas “orientadas a optimizar su eficiencia y progresividad”. La Secretaría de Energía además informó que hay cerca de 4,7 millones de usuarios de gas con subsidio, mientras que los que no cuentan con subsidio ascienden a 4,8 millones. En el caso de la electricidad, los que tienen subsidio trepan a 8,7 millones, mientras que los que no tienen son 7,7 millones.
Uno de los cuestionamientos fue el destino de lo recaudado por impuesto a los combustibles, que tienen asignación específica a obras viales, entre otros destinos. Según informó el Gobierno, en 2026 se ejecutaron $ 70.000 millones sobre un total presupuestado de $ 351.000 millones, pero sobre un total recaudado en lo que va del año de $ 1,4 billones. En 2025, la recaudación por los impuestos vinculados a los combustibles ascendió a $ 4,8 billones, pero los gastos de capital financiados por el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura de Transporte fueron por $ 274.000 millones.
Respecto del cierre de empresas, el Ministerio de Capital Humano informó que la cantidad de empresas empleadoras se redujo un 3,4% en dos años, lo que representa 19.260 empresas, distinto al dato que surge sobre la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que habla de casi 24.000 empresas menos.
En paralelo, informaron que desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y la ley bases, se iniciaron 335 procedimientos preventivos de crisis de empresas, de los cuales 194 están en guarda temporal.
