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Este viernes, en la previa al fin de semana largo, un fallo declaró la nulidad de la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica y ordenó la intervención judicial de la organización. En esta línea, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y el propio bloque del PJ en el Senado salieron a responder la decisión de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González. Qué puede pasar.

El sector metalúrgico atraviesa una crisis grande, la apertura de las importaciones, la caída de la demanda y el atraso cambiario producen cierre de PYMES e incluso paralización de la producción.

En este sentido, el mundo del trabajo está bajo alerta y es en este contexto que el 22 de mayo la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del expediente “Lista Naranja de la Seccional Campana UOMRA c/ UOMRA s/ Ley de Asociaciones Sindicales” ordenó la intervención del gremio.

El fallo declaró la nulidad de las elecciones en la seccional Campana, consideró inválida la elección nacional de la UOM y dispuso el cese inmediato de Abel Furlán y del resto de la conducción del gremio.

Además, ordenó la intervención judicial de la organización por 180 días y designó como interventor a Alberto Biglieri.

La Sala VIII no tiene una adscripción política formal, pero en el ecosistema sindical y laboral suele ser observada como una sala de perfil menos alineado con las posiciones históricas de la CGT que otras salas de la Cámara, especialmente tras fallos recientes sobre la reforma laboral.

Sin embargo, en abril de 2026, Pesino y González dejaron sin efecto una cautelar que frenaba parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, decisión que motivó una recusación de la CGT, que los acusó de prejuzgamiento y cuestionó su imparcialidad.

La respuesta de la oposición

La primera reacción a la decisión judicial fue por parte del secretario general del gremio, Abel Furlán, quién aseguró que la intervención “no nació hoy”. "Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tiene como único objetivo: disciplinar a la UOM”, afirmó el sindicalista.

Asimismo, aseguró que el objetivo final es “debilitar nuestra capacidad de lucha” y “garantizarles a los patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

“Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei hoy avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”, recordó Furlán.

El comunicado de la CGT el mismo viernes fue un poco más escueto. "¡NO A LA INTERVENCIÓN DE LA UOM!“, indicaron desde la conducción de Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

“Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, remarcaron.

Por su parte, desde el PJ reaccionaron el domingo 25 de mayo y recalcaron que este día “tan especial para los argentinos” recuerdan cuando el pueblo se debatía entre “Patria o colonia”.

Los senadores y senadoras del bloque Justicialista repudiaron este “nuevo ataque al movimiento sindical organizado argentino” y rechazaron de “manera categórica” la decisión política-judicial de la sala VIII.

Asimismo, expresaron su solidaridad con Furlán, la conducción del gremio y con los trabajadores y trabajadoras de la actividad.

“Se ven nuevamente amenazados, como el resto del movimiento obrero, sus derechos fundamentales, en un contexto de industricidio y de aplicación de políticas de hambre con la pulverización de los salarios producto de las políticas de un gobierno nacional absolutamente insensible a la realidad social y entreguista de los intereses nacionales”, indicaron.

Desde la conducción del PJ en el Senado, a cargo de José Mayans, señalaron que la resolución se conoció un día después de que la Corte Internacional de Justicia refrendara la legitimidad del derecho de huelga.

“El Alto Tribunal internacional señaló que el referido derecho se encuentra protegido por el Convenio 87 sobre libertad sindical y derecho de sindicalización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicaron en el comunicado.