La Cámara de Diputados dio este miércoles el puntapié inicial al debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno para el segundo semestre.
Ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, fueron los encargados de defender una iniciativa que el oficialismo busca convertir en uno de los pilares institucionales de su programa económico.
Lejos de presentar la reforma como una innovación, Bausili insistió en que el proyecto replica estándares internacionales de los bancos centrales que lograron consolidar procesos de estabilidad monetaria.
“La iniciativa funciona estructuralmente con una interacción de los distintos artículos. No hay un artículo que es angular por encima de los otros, sino que la combinación de los distintos elementos hace al Banco Central que nos parece que Argentina debiera tener”, sostuvo el funcionario.
Con esa definición buscó responder a una de las principales críticas que ya anticipó parte de la oposición, que pone el foco exclusivamente en la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro.
Para Bausili, el cambio es más amplio: incluye un mandato único para preservar el valor de la moneda, mayores restricciones al financiamiento del Estado, requisitos para las autoridades y mecanismos que las protejan de presiones políticas.
“No es sólo la independencia o sólo la prohibición de financiar el Tesoro, sino también funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, los que tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación”, afirmó.
Pero fue otra frase la que sintetizó el mensaje político que el Gobierno quiso transmitir durante toda la exposición. “Lo que estamos proponiendo acá existe en la gran mayoría de las Cartas Orgánicas de los Bancos Centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada como una idea muy revolucionaria, un experimento o un test”, aseguró Bausili, en un intento por presentar la reforma como una convergencia hacia estándares internacionales más que como una apuesta doctrinaria.
Ese concepto ya había sido adelantado por el Ejecutivo cuando anunció el proyecto y forma parte del argumento oficial para defender que la reforma busca “blindar” el programa de estabilización más allá del actual gobierno.
Después tomó la palabra Werning, quien eligió un enfoque más conceptual para justificar la necesidad de modificar la ley vigente desde 2012.
“Cuando uno se plantea por qué resulta oportuno y necesario la reforma a la Carta Orgánica, lo primero que se piensa es, bueno, acá el problema que tenemos es la inflación. Pero eso dispara otras preguntas también: quién se perjudica con la inflación, quién fue el responsable de la inflación y a quién benefició”, planteó.
Su respuesta fue directa: “Los perjudicados son las familias argentinas. ¿Quién fue responsable? El Banco Central. ¿Y a quién benefició? Al Tesoro Nacional”.
El vicepresidente del organismo sostuvo que la inflación terminó erosionando tanto los ahorros como los ingresos corrientes de los argentinos. “Las familias tenedoras de pesos argentinos perdieron el valor de sus ahorros frente a la inflación. Esto impactó no sólo los ahorros, sino también el flujo de ingresos, las jubilaciones y los salarios. Está claro que el perjuicio fue para la sociedad argentina en su conjunto”, señaló.
Con ese razonamiento buscó justificar el corazón de la reforma: impedir que futuros gobiernos puedan volver a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del déficit fiscal, eliminando los adelantos transitorios y prohibiendo la compra de títulos públicos en el mercado primario, dos de los cambios más relevantes del proyecto.
Además, la iniciativa redefine el objetivo de la autoridad monetaria para concentrarlo exclusivamente en preservar el valor de la moneda y endurece las condiciones para la remoción de sus autoridades, reforzando su independencia institucional.
La discusión recién comienza, aunque el oficialismo llega con expectativas de reunir un amplio respaldo entre los bloques dialoguistas, donde existe consenso sobre la necesidad de limitar el financiamiento monetario del Tesoro, aun cuando persistan diferencias sobre algunos aspectos institucionales de la iniciativa.
Según el cronograma legislativo que maneja el Gobierno, la intención es obtener dictamen en las próximas semanas para llevar el proyecto al recinto durante agosto, en paralelo con el tratamiento de Inocencia Fiscal II, otra de las prioridades económicas de la Casa Rosada.
