El Senado aprobó hoy y convirtió en ley, con 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, la reforma al régimen de Zonas Frías, que revierte buena parte de la ampliación del beneficio realizada en 2021 y concentrar el subsidio geográfico en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La propuesta contempla mantener el beneficio para determinados grupos en función de su situación socioeconómica o vulnerabilidad. Entre ellos figuran los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los veteranos de Malvinas y aquellos hogares que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad. Para quienes queden fuera del esquema geográfico, se prevé la posibilidad de acceder a una rebaja si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2.

Otro cambio es que el descuento deje de aplicarse sobre el componente total de la factura de gas y pase a concentrarse sobre el precio del gas. La modificación generaba resistencia entre legisladores de las provincias que fueron incorporadas al régimen en 2021, especialmente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

El oficialismo enfrentó allí una negociación más compleja que en el caso del Banco Central. El proyecto atravesaba a los bloques de manera transversal y existían senadores aliados que tampoco querían acompañar la iniciativa tal como llegó al recinto.

Entre quienes expresaron su rechazo estuvieron los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de buena parte del bloque justicialista.

Para reunir respaldos en las provincias del norte, el Gobierno comprometió la implementación de un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas durante los meses de verano. El denominado régimen de “Zonas Cálidas” alcanzaría a usuarios de esas jurisdicciones y forma parte de las negociaciones que permitieron al oficialismo avanzar con el tratamiento del proyecto.

El proyecto de Zonas Frías ya contaba con dictamen de mayoría en el Senado y llegó al recinto sin modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados.

El debate estuvo atravesado por una fuerte disputa política. Antes de comenzar el tratamiento del proyecto, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, anunció su retiro del recinto en rechazo a la iniciativa, al considerar que implica un recorte del beneficio para millones de usuarios incorporados en los últimos años. Con esa decisión, el oficialismo quedó obligado a garantizar por sí solo el quórum de 37 senadores para aprobar la ley.

Carta Orgánica, a Diputados

Antes, la Cámara alta le había dado media sanción a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), otra propuesta impulsada por el presidente Javier Milei, quien la presentó en una cadena nacional el pasado 30 de julio. El proyecto volvió a Diputados, tras que el oficialismo aceptó cambios para acercar posiciones con aliados. La sanción fue, en este caso, con 46 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. El Presidente celebró la aprobación con un tuit muy significativo: “Comienza el fin de la inflación”, anunció.

El principal cambio acordado por el oficialismo estuvo vinculado con el mecanismo para designar y remover al presidente y a los directores del Banco Central. El texto aprobado por la Cámara de Diputados establecía que la remoción de las autoridades requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. En el Senado, esa exigencia implicaba reunir 48 votos.

Para conseguir el respaldo de los bloques aliados, La Libertad Avanza aceptó modificar ese esquema. El texto que se debate en la Cámara alta mantiene en el Senado la atribución exclusiva para designar y remover a los integrantes del directorio, pero reducirá el requisito a una mayoría absoluta: serán necesarios 37 votos sobre los 72 senadores.

La modificación alcanza también al presidente de la entidad. De esta manera, Diputados quedará afuera del procedimiento de designación y remoción de las autoridades del BCRA. La fórmula negociada conserva una mayoría especial para desplazar a los funcionarios, pero elimina la exigencia de los dos tercios de ambas cámaras que había sido incorporada durante el tratamiento en Diputados.

“Por primera vez, tenemos un Gobierno que no viene a pedir más poder para sí mismo, sino que plantea una modificación para restringir su propio poder. El mensaje es claro: quitarle al BCRA y al Gobierno de turno la posibilidad de imprimir libremente”, defendió la senadora oficialista Nadia Márquez durante el debate.

Desde la otra vereda, el senador del bloque Justicialista Martín Soria marcó que “el Gobierno dice que busca evitar que el BCRA financie al Tesoro, cuando en realidad es exactamente lo contrario: busca habilitar el financiamiento. El artículo 5 otorga al titular del BCRA la facultad de tomar préstamos directos de bancos internacionales”.

Flavia Royón, de la bancada Primero los Salteños, manifestó su apoyo “en líneas generales” porque “compartimos el diagnóstico y camino, pero en la votación en particular no voy a acompañar los artículos 12, 13, 19 y 21 del dictamen. Necesitamos un BCRA independiente y creíble, pero necesitamos una ley clara y sin huecos”.

El cambio implicó que el proyecto no pudo convertirse en ley este jueves. Como el Senado introdujo modificaciones sobre el texto que recibió media sanción el 26 de agosto, regresará a la Cámara baja para que los diputados decidan si aceptan los cambios o insisten con la redacción original.

El resto de la reforma mantiene los principales objetivos planteados por el Gobierno. El proyecto establece como misión prioritaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda y restringe la asistencia financiera al Tesoro. También limita los adelantos transitorios y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario, en línea con la estrategia oficial de impedir que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar el déficit fiscal.