Son días particulares en el entorno del presidente Javier Milei. La virulencia con la que está soltando insultos a periodistas y economistas por momentos deja de ser “un capítulo más” en el debate sobre “las formas” y se transforma en una luz roja sobre la forma de conducirse del jefe de Estado cuando aparecen encuestas que muestran que crece el descontento de su gestión.
Hay colaboradores que preferirían marcarle que baje el tono pero no se animan porque temen ser desplazados del entorno de la toma de decisiones.
También son días en los que algunos de los miembros del gabinete no pueden creer lo que escuchan sobre alguno de los temas más críticos de la gestión. Algo así le ocurrió a un ministro que, en las últimas semanas, en medio de los reclamos de prestadores, médicos y pacientes del PAMI escuchó de primera mano reflexiones de Milei sobre la situación general de los jubilados y las demandas sobre el funcionamiento de la obra social que les da cobertura.
Quedó tan impactado que se lo contó a su círculo dentro y fuera de la administración, porque cree que será muy difícil convencerlo en algún momento de hacer erogaciones que mejoren el panorama y aflojen el día a día de una parte del electorado que lo votó para bajar la inflación pero aún pretende contar con las prestaciones mínimas del Estado.
“Por mí que el PAMI vuele por el aire”, escuchó atónito el funcionario de boca de Milei, según confió días más tarde a allegados. “¿Por qué me tengo que ocupar yo de este problema que lleva años?”, es otra frase que el ministro recibió con un asombro mayor del habitual cuando habla con su jefe, aún cuando siempre tiene definiciones con mucho énfasis.
El diálogo siguió, y según cuenta este referente que está en el equipo de gobierno desde 2023, incluyó una argumentación respecto de que no puede resolver él los problemas de la gente que “no previó” un esquema de seguros para la vejez, por lo que deberían o seguir trabajando o “pedir ayuda en su familia”.
Se trata de una visión descarnada de cómo el líder libertario cree que debe funcionar una sociedad, y que en todo caso le conocen más los que lo tratan desde antes de llegar a la función pública. Incluso, ya habían escuchado argumentaciones similares respecto también de la asistencia en temas de discapacidad. Pero ante el recrudecimiento de la situación de distintos servicios que debe prestar el Estado, la frase impactó con más fuerza en el gabinete y creen que puede marcar un punto de no retorno en alguna medida.
Es que el Gobierno atraviesa momentos de perturbación por el malestar social tras 10 meses de inflación en alza y al menos seis de caída de poder adquisitivo del salario, en medio de una transformación económica que castiga a los sectores de más mano de obra y beneficia a los que generan menos puestos de trabajo.
Con la destrucción yendo más rápido que la creación, en términos del economista Ricardo Arriazu, asoman urgencias en el rumbo económico que se procuran revertir con licitaciones de rutas, obras privadas y la vuelta del crédito blando de la mano del Banco Nación para mover la actividad y en última instancia, que se reanime el ingreso de fondos vía el cobro de impuestos.
Mientras tanto, la administración sufre porque para sostener el superávit fiscal, pilar del programa económico de Milei desde que asumió como garantía de orden frente a los mercados, el Ministerio de Economía está pisando pagos como los del PAMI para que las cuentas no entren en rojo. Si bien el ministro de Salud ha dicho que “se está pagando” y que todo transcurre con normalidad, los prestadores están en una situación límite.
Además, desde la cartera que conduce Mario Lugones difundieron en las últimas horas una investigación sobre un presunto fraude en el sector de las ópticas y las clínicas oftalmológicas, que es una de las áreas donde más retraso estaban denunciando en los pagos. De acuerdo con el relevamiento hecho por el PAMI, se habrían registrado varios mecanismos de estafa en todo el país, entre los que sobresalen la sobrefacturación de anteojos.
Con todo, el desafío del Gobierno de seguir sosteniendo el equilibrio fiscal pero con el cumplimiento de los servicios básicos por parte del sector público empieza a ocupar un lugar en el análisis de los economistas.
Un informe de la Fundación Capital distribuido ayer por su economista jefe Carlos Pérez titulado “Los efectos colaterales de cumplir el objetivo fiscal” pone el acento sobre el esfuerzo extra que debería hacer el Poder Ejecutivo en caso de que no se revierta la caída de la recaudación de forma sostenida. En Economía entienden que abril vendrá mejor y se entusiasman con el repunte, pero de lo contrario, el trabajo advierte que habrá que hacer un ajuste extra del 0,5% del Producto Bruto Interno.
“El principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo frente a ingresos débiles, leyes pendientes de aplicación y un gasto que ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”, indica el documento. “Sin repunte de ingresos, el gasto debería contraerse medio punto más”, indica.
La proyección del primer trimestre para todo el año arroja que los ingresos totales bajarían de 15,9 a 15,5 puntos del PBI, en tanto que los gastos entonces deberían bajar del 14,6% al 14,1% para sostener el objetivo de un superávit primario, antes del pago de deuda, del 1,3%, siempre según los números de la Fundación Capital.
