En medio de las gestiones por el Presupuesto 2026 y las reformas, las provincias aceleran sus procesos para colocar deuda tanto en el exterior como en el mercado local y piden el aval de la Nación.
El Gobierno nacional dio los avales, pero mira con distancia la deuda provincial. “No nos gusta”, deslizaron funcionarios de primer nivel. La explicación la encuentran en que en el mundo no son los estados subnacionales los que se endeudan, sino que se canaliza a través de los nacionales, además de que consideran que no son ellas las generadoras de las divisas. Además, suman los antecedentes de reestructuración de las obligaciones provinciales, recurrentes en el último tiempo, aunque reconocen que en muchos casos, esa situación respondió a la situación económica del país.
Así y todo, muchas provincias ya cuentan con los avales para colocar deuda en el exterior. La debutante de esta vuelta de endeudamiento fue la Ciudad de Buenos Aires, y se espera que sigan Santa Fe, Chubut y Córdoba en la fila. Otras provincias también están en tratativas, como Neuquén, Entre Ríos o Santa Cruz. El gobernador de esta última, Claudio Vidal, aseguró en diálogo con El Cronista que “todo es una posibilidad, son momentos económicos complejos, y vivimos en una provincia con diversidad de recursos. Si existe la posibilidad de un crédito para generar más producción, o de infraestructura, que es lo que nos está faltando, lo podemos llegar a analizar”.
Lo cierto es que la situación entre las provincias es disímil. Las dos primeras que se ofertaron en el exterior en los últimos meses, CABA y Santa Fe, no tuvieron reestructuración de deuda. “Nunca en la historia”, explican desde uno de los distritos.
La Ciudad colocó u$s 600 millones con el objetivo de mejorar su perfil de vencimientos, buscando una solución de mercado para su deuda. Santa Fe aspira a conseguir hasta unos u$s 1000 millones este mes, aunque aún no hay una fecha certera.
La Ciudad sostiene que es el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda en el 2001 y uno de los pocos que no adhirió a la reestructuración de 2020 impulsada por el Gobierno nacional y cumplió sus obligaciones. La provincia de Maximiliano Pullaro agregó que es una de las provincias con menor deuda del país y viene de pagar servicios de deuda por u$s 92 millones con recursos propios.
El Gobierno nacional prefiere que las provincias se financien en el mercado local. Córdoba es la que genera mayor expectativa, ya que se espera que consiga entre $ 100.000 millones y $ 200.000 millones la semana que viene cuando salga a colocar títulos.
Las provincias buscan cubrir baches de financiamiento, muchas de ellas para infraestructura y algunas otras para gastos.
La explicación a ese bache se encuentra en el freno de algunas transferencias desde la Nación, como el impuesto a los combustibles o los Aportes del Tesoro (ATN). Las transferencias automáticas también muestran un retroceso: medido en pesos constantes hasta noviembre de 2023, las transferencias totales están 9% por abajo de las de 2023 y las de coparticipación un 20% por debajo, según Politikon Chaco.
La transferencia de recursos está sobre la mesa de negociación, pero el Gobierno sostiene que no se incluirá en los cambios que redacta para el presupuesto ninguna modificación para la distribución del impuesto a los combustibles ni de los ATN por criterios de coparticipación. Tampoco, dicen, revisan aumentos en los fondos para la obra pública, bajo el argumento de que el presupuesto enviado contempla un aumento del 40% de los fondos, a pesar de que los gobernadores insisten en la necesidad de inversiones de infraestructura concretas ante el deterioro, sobre todo, de las rutas.
La preferencia de la Nación por el mercado local y la necesidad de los avales que tienen las provincias se suman como carta de negociación en medio de las ya tensas discusiones por el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria. Los gobernadores tratarán los puntos claves directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene la palabra final sobre la liberación de fondos junto con el “guardián del superávit”, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
