En línea con la intención del oficialismo de facilitar trámites, pero también de eliminar estructuras burocráticas y de quitar intermediarios que encarecen transacciones, se presentó en Diputados un proyecto para desregular la actividad inmobiliaria y quitar la obligatoriedad de una matrícula o título universitario para intermediar.

El autor de la iniciativa es Alejandro Bongiovanni, referente del PRO de Santa Fe que se autodefine como un "liberal desde siempre", que ahora quiere modificar la ley 20.266 sancionada en 1973, por el expresidente Alejandro Lanusse.

Pero al mismo tiempo, en una estrategia de "pinzas" para garantizar que el asunto avance, el Poder Ejecutivo con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger al mando, está preparando un decreto que podría salir antes del fin de las facultades delegadas que vencen el último día del mes de junio.

Según detallaron a El Cronista especialistas involucrados en la redacción del proyecto, el objetivo es transformar una actividad que pretende tener un sustento científico y académico, en una actividad meramente comercial, como puede ser la venta de un automotor, por ejemplo.

Señalan además que el sistema actual "encarece los costos del consumidor", por lo que hace necesario un "cambio estructural y cultural", al que ya comenzaron a surgir resistencias, como en otras actividades profesionales.

Uno de los ejes centrales es la eliminación de la matrícula obligatoria y del título universitario habilitante para poder ejercer la compraventa de inmuebles. "La obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales implica una barrera artificial que limita el acceso a la actividad y, por lo tanto, de la competencia", indica el texto al que tuvo acceso este diario.

También apunta a eliminar el "monopolio de los colegios profesionales y su facultad sancionadora", que según advierte, actúan como reguladores y jueces, aplicando sanciones discrecionales sin garantizar la imparcialidad ni permitir el control judicial efectivo.

Otro de los obstáculos que tiene la normativa actual es la delimitación territorial para ejercer, es decir que si un profesional está matriculado en un distrito no puede trabajar en otro, precisamente lo que el proyecto pretende eliminar.

El texto busca también eliminar las multas y clausuras a quienes operan sin estar colegiados, por considerar que "constituye una forma de coerción que atenta contra la libertad de trabajar".

Por último, quiere eliminar aranceles mínimos y honorarios fijos, lo cual "impide la libre negociación entre las partes, encareciendo artificialmente las transacciones y perjudicando a los consumidores". La propuesta aquí es que las partes podrán acordar libremente los términos y costos del servicio.

Para Bongiovanni, estas modificaciones permitirán "desregular el ejercicio de la actividad de intermediación en el sector inmobiliario argentino, devolviendo a los consumidores el poder de elegir a los intermediarios según la calidad y eficiencia de sus servicios, y alineado con los principios de una sociedad liberal y la autonomía contractual".