La orden de la jueza Loretta Preska al Gobierno nacional para que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Bainbridge en concepto de pago parcial alertó también a las provincias petroleras, que tienen una cuota del control de la empresa nacional acorde a la normativa que dio curso a la expropiación en 2012. Uno de los gobernadores, de hecho, se encontraba en una visita de negocios por Washington y Nueva York, a la caza de inversiones, cuando se divulgó el fallo.
De momento, aún no hay una coordinación, al menos pública, por parte de los gobernadores que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Algunos de ellos optaron por el silencio mientras que otros se mantienen a la expectativa de los próximos pasos de la Casa Rosada, donde se sigue evaluando el fallo. Hay quienes piensan que las provincias deberían adoptar un rol más activo a través de este organismo, para fijar una postura en común.
La OFEPHI se conformó en 1984y nuclea a las diez provincias argentinas en las que actualmente se realizan emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo: Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.
"Muchas de esas provincias son 'símileístas', no creo que adopten una línea que se diferencie de lo que haga la Casa Rosada", comentó a El Cronista un asesor provincial. En efecto, la estrategia jurídica se define en lo más elevado del Gobierno, a puertas cerradas y bajo el mayor de los hermetismos. Intervienen no solo los abogados de la Procuración del Tesoro, responsables del accionar en defensa de los intereses del Estado, pero también las espadas legales de mayor confianza de Presidencia. Ayer se conoció el pedido del Estado argentino a Preska para que suspenda la ejecución de su fallo hasta tanto se complete la apelación.
"Por temas de estrategia y confidencialidad no estamos haciendo comentarios del caso", respondieron desde la Procuración, hoy en manos del abogado Santiago Castro Videla, ante la consulta de este medio. El joven letrado se excusó de participar en febrero pasado en el caso por su paso previo por el estudio "Bianchi, Galarce y Castro Videla": uno de sus socios llegó a asesorar a Burford Capital en el litigio. En su lugar, uno de los subprocuradores del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, sigue el proceso por su expertise en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales desde la salida de Rodolfo Barra.
"La jueza de Nueva York ignora en su fallo que gran porcentaje de las acciones que conforman la mayoría no pertenecen siquiera al Estado Nacional. Son propiedad de las Provincias Productoras por determinación de la misma ley de nacionalización", salió al cruce Ariel Kogan, asesor en temas energéticos del último gobierno.
Desde la oposición en Neuquén reclaman que intervengan los abogados de la Gobernación en la estrategia frente a los tribunales. El mismo pedido se replicó en otras provincias, incluso por funcionarios locales, aunque sus mandatarios prefieren evitar la exposición.
También el gobernador bonaerense Axel Kicillof remarcó ese punto en la Ley 26.741. "El 49% de las acciones de YPF son propiedad no del gobierno nacional si no de las provincias argentinas, así que tampoco la jueza podría avanzar sobre las acciones de YPF como si fuera patrimonio del gobierno nacional para cobrarse algo que consideran los buitres que tienen que cobrarle al gobierno nacional. Es propiedad de las provincias. Tiene inconsistencias enormes el fallo", indicó el mandatario en una conferencia de prensa.
El artículo 8° de la Ley 26.741 establece que "las acciones sujetas a expropiación de las empresas YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A., en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y un por ciento (51%) pertenecerá al Estado nacional y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos".
O sea que el 51% del paquete estatal en las empresas, se reparte en las proporciones que fija la norma quedando un 26,01% del total de las acciones para el Estado Nacional y un 23,99% en manos de las provincias productoras. Sin embargo, en el paquete societal de YPF, solo se reconocen 7.624 acciones Clase B en manos de los gobiernos provinciales. Equivalen al 0,002%.
Así y todo, la mayor traba para un planteo coordinado hoy parece asomar en el vínculo desigual de YPF con las provincias, a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei y de la cúpula de la petrolera de retirarse de las explotaciones de producción convencional que no se consideran rentables. En junio, sin ir más lejos, el directorio aprobó una nueva etapa de licitaciones de áreas distribuidas en Chubut, Mendoza y Neuquén, como parte del Plan Andes.
Luego hay otro proyecto estratégico al que toda esta situación pone bajo un manto de incertidumbre. Se trata del nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, una obra estratégica que permitirá ampliar la capacidad de evacuación y exportación de crudo, conectado el Vaca Muerta rionegrino con el puerto de Punta Colorada. Se trata de una megaobra une a YPF con otros seis socios: PAE, Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Shell Argentina y Chevrón.
La inversión total prevista para este proyecto asciende a u$s 2.700 millones y se espera que recién en julio de 2027 estaría en condiciones de transportar hasta 500.000 barriles diarios, con potencial de ampliarse hasta los a 770.000. Esa capacidad significa exportaciones por u$s 12.000 millones de anuales.
El caso de Santa Cruz, por su parte, es una paradoja. Por un lado, la empresa comenzó su repliegue de los yacimientos convencionales, que se corresponden con el 90% del potencial energético de la provincia. Pero al mismo tiempo, YPF sigue presente en la provincia con un proyecto no convencional muy importante: Palermo Aike, un enclave con un potencial que alcanza al 60% de Vaca Muerta.
Allí la empresa tiene comprometidos tres pozos exploratorios para avanzar septiembre, por lo que las autoridades locales temen que el fallo de Preska pueda tener un efecto colateral sobre su desarrollo.
"No creo que se dé una coordinación entre provincias sobre este tema ya que muchas están negociando la salida de YPF de los yacimientos convencionales. Cada una debe estar con lo interno", se lamentó un funcionario patagónico en diálogo con El Cronista. No fue el único en mostrarse pesimista.
Como organismo federal, la OFEPHI es una institución que articula la relación entre las diferentes provincias que son poseedoras de recursos hidrocarburíferos y la administración nacional, a cargo de diseñar la política energética del país. Si bien desde su creación ha colaborado aportando una perspectiva de análisis federal a la confección de las normas para el sector.
Fue uno de los ámbitos donde confluyeron los mandatarios en plena discusión de la Ley Bases, para unificar posiciones. Hay quienes promueven dentro y fuera de los gobiernos provinciales que se vuelva a articular como punto de encuentro para trazar una estrategia en común frente al nuevo revés legal.
En paralelo, a Rolando Figueroa, el gobernador neuquino, la noticia del fallo judicial lo sorprendió en plena ronda de negocios por Nueva York y Washington donde participó de varios encuentros con empresarios en el Consejo de las Américas y el consulado en Nueva York así como funcionarios del Banco Mundial y el BID. El mandatario fue a la búsqueda de vender el potencial de Vaca Muerta y terminó defendiendo la autonomía de Neuquén y su estabilidad social en medio del huracán que desató Preska.
"La potestad de los recursos naturales en la Argentina es de las provincias, por eso es sumamente importante un trabajo aceitado entre todos los sectores para volver exitoso un programa que llevamos adelante trabajando en equipo", afirmó Figueroa, acompañado por su jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé' Ousset y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, en una cita sobre oportunidades de negocios orquestada por el embajador Alec Oxenford.
El mandatario neuquino prometió que su provincia puede ofrecerle al mundo "el consumo de Argentina y Chile juntos multiplicado por seis por los próximos 30 años" y que la meta es profundizar la interconexión de gasoductos y oleoductos dedicados para triplicar la producción de petróleo y duplicar la de gas para 2030 y así expandir la capacidad exportadora. "La Argentina va a pasar de ser un país con petróleo a ser un país petrolero. Todo esto va a venir de Neuquén", manifestó.
Antes de cerrar su viaje al Norte, Figueroa pasó también por el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde mantuvo un encuentro con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente de Donald Trump, Thomas Lersten. Fuentes cercanas al jefe provincial aseguraron que la decisión judicial no afectó el interés por las posibilidades que guarda Vaca Muerta.
