Motosierra y licuadora. La reacción del presidente Javier Milei -según hizo trascender- ante la caída del paquete fiscal con el que buscaba apuntalar ingresos puso el foco en los recortes adicionales que serán necesarios para alcanzar el objetivo de equilibrio financiero que el Gobierno se puso como meta este año. Si se tiene como referencia el PBI que estimó el Banco Mundial, el ajuste extra puede llegar a los u$s 8800 millones.
El vocero Manuel Adorni confirmó, este lunes, lo que habían advertido el Presidente y su ministro de Economía: "Va a haber un ajuste mayor a las provincias", dijo.
Según la planilla que mostró el ministro Luis Caputo al anunciar el paquete de ajuste, el Ejecutivo necesitará ajustar el gasto un 1,4% del PBI adicional para eliminar el déficit. Si a eso se suma que el déficit financiero de 2023 fue mayor al estimado, la cuenta sube hasta casi 2 puntos del producto. Jubilaciones, transferencias a provincias y obra pública sufrirán el paso de la hoja dentada y/o la licuación por inflación.
La hoja de ruta inicial que presentó Caputo el 12 de diciembre suponía revertir el impuesto a las Ganancias y sumar 0,4% del PBI de recaudación nacional (y otro tanto para las provincias); obtener 0,5% del Producto extra por la suba de retenciones y hasta 0,5% del PBI adicional por el blanqueo, la moratoria y el adelantamiento de Bienes Personales que componían el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus.
El plan Caputo buscaba revertir un déficit financiero de 5,2% del PBI, pero el resultado "base caja" arrojó un rojo aun mayor, de 6% del Producto. Así, el recorte de gastos necesario -sin los ingresos adicionales que debía aprobar el Congreso- llegaría a 2 puntos del Producto. Según la consultora PxQ, el Gobierno debe cubrir un hueco de 1,8% del PBI.
Motosierra en las provincias
El programa original de Caputo suponía una baja en las transferencias corrientes no coparticipables de 0,5% del PBI y una reducción de los gastos de capital (que, en definitiva, se ejecutan en las provincias) del 0,7% del Producto.
En 2023, las transferencias corrientes representaron el 0,76% del Producto. Si se suman transferencias de capital (0,44% del PBI), los envíos de recursos a los distritos significaron 1,2 por ciento del PBI. Y si a eso se suma la inversión real directa del Estado Nacional (obra pública financiada y ejecutada por la Nación, con impacto en las provincias), son 1,17 puntos adicionales. Si todo eso va a cero -algo improbable- el ahorro equivaldría a casi 2,4 puntos del PBI, o el doble del programa original.
Licuadora a los haberes
Como contó El Cronista, el ajuste en las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se rigen por la ley de movilidad será mayor al que planteó Caputo.
Para el ministro, las jubilaciones se recortarán 0,4% del PBI este año. Pero la fórmula actual da margen para pasar la motosierra a voluntad. Consultores privados advirtieron que el ajuste será del doble. Según la estimación de Equilibra, el combo de un trimestre con ley actual y actualizaciones mensuales por IPC daba, como resultado, un ajuste de hasta 4,4% del PBI, con mucho margen para moderar esa caída con bonos y, aun así, achicar el gasto a expensas de los haberes.
Las jubilaciones y pensiones pierden poder adquisitivo sistemáticamente y es difícil que el Gobierno pueda tirar más de la cuerda. En 2023, según los datos oficiales, la caída fue del 0,65% del PBI. Milei avisó que coparticipará el ajuste con las provincias.
La ley de movilidad actual también aportaría licuadora a las asignaciones familiares y a la AUH. Estos gastos cayeron en 2023 y suman, en conjunto, poco más de 1% del PBI. El Gobierno duplicó el monto de la AUH desde enero, pero el grueso de las erogaciones son los pagos a trabajadores registrados y monotributistas.
Las transferencias a universidades (0,74% del PBI en 2023) también sufrirán recortes. Universidades nacionales comunicaron que no recibieron fondeo para pagar los haberes de enero. El recorte en salarios públicos y otros gastos de funcionamiento que previó Caputo fue del 0,5% del Producto.
Ejecución en cero
La licuadora de las partidas presupuestarias será amplia. Con la prórroga del Presupuesto 2023, los créditos se agotarán rápido por el efecto de la inflación y quedará a discreción del Ejecutivo actualizarlas. Por lo pronto, de la ejecución diaria se desprende que, por ahora, todo está pisado. La ejecución vinculada al pago de obras está en cero, al igual que el pago de subsidios energéticos. Más allá del pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, apenas hubo algo de fondeo para subsidiar transporte.
Impuestos a los combustibles
Del lado tributario, al Gobierno le queda la actualización del impuesto a los Combustibles para sumar recaudación. Congelado desde hace tiempo, el tributo debería ajustarse trimestralmente por inflación. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que la suba de este impuesto que se pagan automáticamente en los surtidores haría que la nafta súper aumente 25% y aportarían 0,37% del PBI en recaudación a la Nación y 0,15% a las provincias, ya que se coparticipa.
