La resolución con la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instauró percepciones a importadores y difirió por nueve meses la posibilidad de que las empresas puedan recuperar ese crédito fiscal causó un vendaval en todas las cámaras del sector productivo. La Unión Industrial Argentina (UIA) aunó reclamos de distintos sectores y advirtió sobre un aumento de la presión fiscal, mientras grandes proveedores de insumos para distintas cadenas ya comenzaron a trasladar un nuevo aumento de precios a sus clientes.
Como contó El Cronista, la Resolución General 5339 de la AFIP implementó percepciones a cuenta de IVA (20%) y Ganancias (6%) a la importación de bienes terminados y difirió por nueve meses el uso de ese saldo a favor, en el caso del IVA, y hasta la próxima declaración jurada, en lo que respecta a Ganancias. Eso, según tributaristas, opera como una suerte de impuesto adicional, porque las compañías recién lo podrán recuperar dentro de nueve meses, con la inflación de tres dígitos en el medio.
Recaudar más, a qué costo
El motivo es recaudatorio: la AFIP indicó que espera sumar ingresos por $ 979.000 millones con esta medida. Ese 1% del PBI compensaría parcialmente la pérdida de recursos que ocasiona la sequía, tanto en la recaudación de retenciones como de Ganancias y otros tributos.
Pero la medida provocó un tembladeral en las empresas. El jueves, apenas conocida la norma, la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado crítico. Anticipó que tendrá "amplia afectación y alcance al sector productivo, porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado".
Añadió que "lo que era una percepción se convierte en un aumento de impuestos" porque ese saldo "no se puede usar por nueve meses" y lo calificó de "un préstamo a tasa 0 por nueve meses de parte de las empresas importadoras al fisco". Eso, mientras suben las tasas de interés.
Según los cálculos que hizo la UIA, el crédito fiscal que se acumula en los 9 meses en los que se puede usar se devalúa un 43%, si se toma una inflación mensual promedio del 6,5%. Eso, en momentos en que se encarece el financiamiento del capital de trabajo y en el que las empresas deben financiar, también una parte del pago de sus importaciones.
La UIA consiguió el rápido apoyo del G-6, que el viernes reforzó la crítica del sector empresario. El sábado se sumó la Asociación Empresaria Argentina (AEA), con una mirada más política, al vincularla con la intervención de Edesur para englobar un "clima más negativo para las empresas".
Pero debajo de los comunicados hay empresarios inquietos. En el sector autopartista analizaron que la medida afectará a quienes importen insumos de manera directa, pero también de forma indirecta a quienes tengan como proveedores a empresas con algún insumo importado. Relataron que, el viernes, Aluar entregó una lista de precios con aumentos de hasta 4% en dólares vinculada a la Resolución 5339. Otra empresa que importa elementos de acero inoxidable para abastecer a ramas industriales puso el grito en el cielo y avisó que trasladará los costos.
Reuniones
Distintas cámaras industriales consultadas remitieron al comunicado de la UIA, que engloba todos los reclamos. Las automotrices evalúan la medida, pero avisan que incrementará los costos. Por un lado, porque la importación de autopartes para la producción nacional se ve alcanzada. Por otro, porque los vehículos terminados importados también tendrán el sobrecosto.
Las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas comenzaron a gestionar reuniones con Carlos Castagneto, titular de la AFIP, para buscar alguna flexibilización. Dirigentes consultados prefirieron ser cautos hasta que los equipos técnicos de las entidades analicen con más profundidad la medida. Pero, advirtieron: "en todos los casos va a precios; esto es más inflación".
Impuestos y dólares
La medida draconiana de AFIP pareció atacar dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, recaudar de manera compulsiva y rápida ante el efecto sequía. Fue lo que pidió el FMI allá por marzo de 2022, cuando se firmó el nuevo Programa de Facilidades Extendidas. Ante una sequía, afirmó el staff técnico, el país debía conseguir otros ingresos y mantener el compromiso de ordenamiento fiscal. La meta de déficit quedó invariable en 1,9% del PBI, a pesar de los menores ingresos previstos.
Por otro, al impactar en las importaciones, desincentiva la adquisición de estos bienes, en momentos en que las empresas buscan adelantar compras ante una eventual devaluación. Con el comercio restringido, la percepción a cuenta de impuestos futuros opera como nueva traba. Aunque, al ser general, afecta también a los bienes necesarios para producir.
