El expresidente Alberto Fernández enfrenta por estos días el desarrollo de la causa conocida como "Seguros" y luego de que se dictara su procesamiento, el fiscal ante la Cámara Federal porteña emitió un dictamen que le imprime un nuevo giro a la causa.

El expediente se abrió a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas a través del fideicomiso del Banco Nación durante la gestión Fernández en la Casa Rosada y según la hipótesis investigada por la fiscalía de primera instancia, distintas compañías habrían sido beneficiadas con negocios millonarios gracias a la intermediación presidencial en pólizas contratadas por organismos públicos.

José Luis Agüero Iturbe, el fiscal ante la Cámara pidió hoy revocar el procesamiento de Fernández y dejar su situación bajo el rótulo de "falta de mérito". El planteo se hizo en una audiencia ante la Cámara Federal a la que concurrió el propio exmandatario junto a su abogada Mariana Barbitta.

El fiscal ante esa instancia sostuvo que debe revocarse el procesamiento para profundizar la investigación con más medidas de prueba en lo referido al rol del expresidente en la maniobra investigada.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados. Fernández y su defensora pidieron por su parte la nulidad del procesamiento por violación al derecho a defensa.

En ese expediente, el juez federal Julián Ercolini dispuso a fines de abril el procesamiento del ex mandatario por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y lo embargó por 1,2 millones de pesos.

Aquella resolución judicial incluyó también a ex funcionarios y empresarios vinculados a las firmas intermediarias, a quienes se les imputó la participación en una supuesta maniobra para direccionar contrataciones estatales.

La defensa de Fernández denunció que se trató de un proceso "arbitrario" que no respetó el derecho de defensa.

Tras el fallo de Ercolini, la estrategia del ex presidente fue recurrir ante la Cámara Federal para revertir la medida, con el argumento de que no había pruebas que lo vincularan de manera directa con la operatoria bajo sospecha.

En paralelo, la situación judicial de Fernández se da en un contexto político particular: a menos de dos años de haber terminado su mandato, el expresidente enfrenta no solo este expediente sino el que se tramita por presuntas agresiones contra su exesposa, Fabiola Yáñez.