Los empresarios de obra pública viven el combo desregulador del presidente Javier Milei con sensaciones encontradas. La preocupación por el corto plazo es honda, por el freno en los pagos en proyectos en curso, el presupuesto licuado previsto para este 2024 y un artículo del proyecto de ley ómnibus que facultaría al Ejecutivo a resolver intempestivamente cualquier contrato.
Pero cambios en la normativa de concesiones incluidos en el paquete legislativo despiertan expectativas en el sector.
Así se desprende de un documento interno que circula entre los socios de la Cámara Argentina de la Construcción y que analiza, punto por punto, los cambios normativos incluidos tanto por decreto como en el proyecto de ley.
Compre nacional
Si bien el DNU 70/2023 no hizo foco en la construcción, la derogación de la ley de Compre Nacional expondrá a los constructores locales a una competencia que puede ser desleal, advirtieron.
"Deja sin defensa a empresas constructoras nacionales y a proveedores nacionales frente a ofertas de empresas extranjeras, incluso con las que cuenten con apoyo económico y financiero de sus respectivos Gobiernos que les otorgue una ventaja competitiva, o les permite hacer dumping, en un campo de competencia no nivelado", se lee en el documento al que accedió El Cronista.
Por otro lado, el sector destacó como positivo que puedan celebrarse contratos en moneda extranjeras o en UVA. También, modificaciones laborales que impactarán, sobre todo, en las relaciones con los trabajadores que no están bajo el convenio con la UOCRA.
Presupuesto 2024
Los empresarios de obra pública prestaron atención al decreto 88, que prorrogó el Presupuesto del año pasado. "Por inflación, la inversión autorizada se ve reducida en valor real al 40%, aproximadamente, de la inversión en obra pública ejecutada en 2023", se advierte. A eso se suman inconvenientes adicionales, vinculados a la demora en la ejecución de la obra actual típicas de cada cambio de gobierno, agravados en un contexto de alta inflación en lo que refiere a la aprobación de redeterminaciones de precios y otras cuestiones.
Por otro lado, indicaron, la prórroga del Presupuesto permitiría la continuidad de las obras en curso y, sobre todo, aquellas que cuentan con financiamiento internacional.
Las bases
Pero acá entra a jugar el proyecto de ley de nombre alberdiano. La delegación de facultades al Ejecutivo le permitiría a este modificar o eliminar fondos fiduciarios, que financian obras. Además, el Gobierno pidió potestad para renegociar o rescindir contratos, en función de la disponibilidad de fondos. Esto podría abrir la puerta a la terminación de ejecuciones en curso, aunque "respetando los derechos adquiridos de los contratistas". Eso implicaría alguna compensación a los constructores.
Los empresarios notan que, a mediano y largo plazo, algunos cambios normativos propuestos tendrán efectos favorables. Por ejemplo, el artículo 110 del proyecto elimina impuestos sobre fondos cerrados de inversión y fideicomisos, "lo que es importante para el real estate", que se financia con estos instrumentos.
Y celebran las modificaciones propuestas a la ley 17.520 de concesiones, que permitiría entregar al sector privado (se eliminó la posibilidad de hacerlo a sociedades mixtas) la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras a concretar o existentes.
El texto obliga al Estado a garantizar la ecuación financiera de los contratos a lo largo de la vida útil y faculta al Ejecutivo a valerse de recursos o fondos fiduciarios para garantizar el repago del financiamiento. Esto debería bajar los costos de las ofertas privadas, aunque todavía falta la letra chica que prometió el Ministerio de Infraestructura sobre el nuevo régimen de la construcción.
El proyecto, también, suma instancias de arbitraje y resolución de conflictos. "El Poder Ejecutivo se compromete a ordenar y regular el Sistema de los Contrataciones Públicas y a establecer sistemas de resolución de controversias, alternativos al proceso judicial, tales como mecanismos de conciliación, mediación, avenimiento y arbitraje; la intervención de paneles técnicos; y la creación de tribunales administrativos con independencia e idoneidad", destacaron los constructores.
