Luego de resistirse a la aplicación y de impugnarla judicialmente, el gobierno de Javier impulsa en el Congreso una modificación profunda de la Ley de Financiamiento Universitario, reabriendo el debate sobre el destino del presupuesto y los gastos de las casas de altos estudios.
Mientras la Casa Rosada puso su energía de verano y se aseguró victorias legislativas con la reforma laboral y la nueva ley penal juvenil, el proyecto destinado a reformar el financiamiento de la educación superior no llegó aun en toda su dimensión a la agenda pública, pero si comienza a ser analizado por los círculos universitarios.
Si bien el proyecto oficial afirma que se trata de una “recomposición” orientada a garantizar la sostenibilidad fiscal del sector, un informe del Centro de Investigación Económica (CIEN) pone en cifras la motosierra aplicada durante 2024 y 2025 y proyecta el impacto que tendría el esquema vigente en 2026.
Según el documento, entre 2023 y 2025 el presupuesto registró una caída real acumulada del 28,9%.
En 2025, el monto devengado ascendió a $4,456 billones, lo que implicó un aumento nominal del 34,2% respecto de 2024 y del 222,7% frente a 2023. Sin embargo, la inflación acumulada fue significativamente mayor: 41,9% interanual contra 2024 y 354% respecto de 2023.
Como resultado, el presupuesto universitario volvió a retroceder en términos reales: cayó 5,4% frente a 2024 y 28,9% frente a 2023.
Ese deterioro no sólo ubica al salario universitario entre los más afectados de la economía, sino que además lo distingue del resto de los sectores. Mientras el sector privado recuperó hacia fines de 2024 los niveles salariales previos a diciembre de 2023, y el sector público se estabilizó en torno a un 15% por debajo de esos valores, el salario docente universitario continuó profundizando su caída.
Salarios, la clave
En 2023, casi el 88% del presupuesto universitario se destinaba al pago de remuneraciones, mientras que los gastos de funcionamiento representaban el 5,5%, los hospitales universitarios el 1,1% y el resto de las actividades otro 5,5%.
El informe señala que el 86,1% del ajuste acumulado se explica por la reducción del gasto en salarios docentes y no docentes.
En términos de poder adquisitivo, el salario docente universitario perdió 31% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.
La comparación histórica muestra un deterioro aún mayor: a precios constantes, un profesor adjunto con dedicación simple y sin antigüedad percibió un salario 50 porciento menor que en diciembre de 2015.
Extensión y ciencia, entre las partidas más afectadas
Además de los salarios, otras áreas sufrieron recortes significativos:
Promoción de carreras estratégicas: -31,1%
Asistencia financiera para funcionamiento universitario: -22,7%
Fortalecimiento de la ciencia y la técnica: -15,8%
Conducción y gestión: -22%
El caso más extremo fue el de la extensión universitaria, con una reducción superior al 97%.
La única excepción fue la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, que registró un crecimiento real del 7,9% respecto de 2024 y del 40,7% frente a 2023.
No obstante, esa actividad representaba apenas el 1,1% del presupuesto total, por lo que su expansión tuvo un impacto marginal sobre el ajuste general.
Proyección 2026
De acuerdo con el informe, si no se aplica la Ley 27.795, el presupuesto 2026 se ubicará entre 32% y 39% por debajo de 2023 en términos reales, según se utilice la inflación prevista en el Presupuesto o la proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
En ambos escenarios, el financiamiento retrocedería a niveles equivalentes a los de 2006–2007.
La aplicación plena de la ley sancionada por el Congreso requeriría aproximadamente $3,1 billones adicionales, equivalentes al 2,1% del presupuesto nacional 2026.
El grueso de ese monto estaría destinado a recomponer salarios: se estima que las partidas salariales deberían incrementarse 63,7%, lo que implica unos $2,734 billones adicionales.
Para gastos de funcionamiento, hospitales y otras partidas alcanzadas por la norma, el ajuste necesario rondaría el 38,3%, equivalente a $181.682 millones.
Qué cambia el proyecto del Ejecutivo
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones sustanciales respecto de la ley vigente.
En materia salarial:
No reconoce la recomposición correspondiente al período 2023–2024.
Propone incrementos del 4,1% en tres tramos durante 2026 (marzo, julio y septiembre).
No garantiza actualizaciones equivalentes a la inflación.
No incluye una cláusula que asegure que los aumentos acompañen el IPC.
Según el análisis del CIEN, mientras la ley obligaría a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales en 2026, la propuesta oficial reduciría ese esfuerzo a $187.744 millones. La diferencia ronda los $2,5 billones.
En relación con los gastos de funcionamiento, el proyecto tampoco contempla la recomposición retroactiva de las pérdidas de 2024 y excluye a la extensión universitaria de los mecanismos de actualización.
La diferencia entre aplicar plenamente la Ley 27.795 o avanzar con el esquema alternativo del Ejecutivo implica, según las estimaciones del informe, una brecha superior a $3 billones, que definirá el nivel de financiamiento real que tendrá el sistema en 2026.
