Pasaron dos años desde que Aysa entró en la lista de empresas estatales sujetas a privatización que el Gobierno incluyó en la Ley Bases, y poco más de 15 días de la apertura de los sobres técnicos en los que se conocieron los grupos privados interesados por quedarse con el 90% de las acciones de la empresa.

Este martes, el Gobierno oficializó la aprobación de ambas propuestas técnicas y puso fecha para el siguiente paso: el jueves 8 de octubre se abrirán las ofertas económicas que determinarán al futuro operador de la compañía que presta el servicio de agua y cloacas a 14 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía. Tras evaluar antecedentes y capacidades técnicas, el Gobierno habilitó a los dos grupos empresarios a la cabeza de Rowing y Grupo Roggio, para disputar la instancia final de la licitación.

Quiénes son

Los dos finalistas son, por un lado, un consorcio integrado por cuatro firmas, dos argentinas y dos extranjeras. El sello local lo imponen la empresa de ingeniería y construcción Rowing del empresario Walter Román; y la proveedora de cloro para la potabilización de Aysa desde el 2009, Transclor, cuyo dueño es Mauricio Filiberti.

Las extranjeras son la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, que fue designada como pata técnica por su experiencia en la operación del servicio de agua potable y alcantarillado a más de 39 millones de personas en 15 estados y en más de 890 municipios en Brasil; y el fondo para inversores extranjeros interesados en la oportunidad de los Países Bajos PHX AQUA.

El otro oferente y natural candidato por su trayectoria en el rubro es el consorcio liderado por Roggio Roas del Grupo Roggio, que opera el subte porteño, el ramal Urquiza a través de Ferrovías y Aguas Cordobesas. En la licitación se presentó junto con Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Oferta económica

Con la aprobación de las propuestas técnicas, el jueves 8 de octubre, a las 10, Economía abrirá las ofertas económicas que se conocerán a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La propuesta económica será determinante para definir al adjudicatario. Si la diferencia entre los oferentes es superior al 5% entre ellos ya se inicia el proceso de adjudicación, que implica la vista del expediente, un período para impugnaciones, el dictamen de preadjudicación, una resolución de adjudicación, el pago y la firma del contrato. Se estima que ese proceso dure no más de 10 días.

En el caso de que la diferencia sea menor al 5%, se les solicitará a ambas una mejora en las ofertas, lo que hará que el proceso de adjudicación se demore un poco más.

El jueves 8 de octubre a las 10 Economía abrirá las ofertas económicas a través de la plataforma CONTRAT.AR

La privatización de AySA es la mayor operación de venta de empresas públicas impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Si bien la licitación es sin precio base, estimaciones iniciales sobre el precio de la compañía rondaban los u$s 500 millones, aunque dependerá de las ofertas que presenten ambos consorcios.

El pliego

La licitación contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados de la empresa dentro del Programa de Propiedad Participada.

La concesión será por 30 años, con revisiones de las tarifas cada cinco años y con un plan que obliga inversiones privadas sin asistencia estatal, aunque procura que la concesionaria mantenga el equilibrio económico.

La primera fase consta de un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por $ 2,89 billones (aproximadamente u$s 2000 millones), a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

En ese período, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales y no proyecta nuevos aumentos reales. Sin embargo, admite excepciones.

El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán alcanzar como mínimo 90% y 75%, respectivamente, al finalizar el plazo inicial de 30 años.

El cumplimiento de estas obligaciones será controlado anualmente por el ERAS.

El contrato también establece garantías y sanciones ante incumplimientos graves y reiterados, que pueden incluir multas y la pérdida de la concesión.