Lejos de ampliar el abanico exportador, el incremento a 15% a las retenciones industriales que impulsa el gobierno nacional, provocaría un efecto "primarizador de la economía" y, en consecuencia, una pérdida millonaria de divisas, inversión y empleo.

La advertencia llegó desde distritos sectores a funcionarios del oficialismo y la oposición que debatirán la iniciativa que se incorporó a la Ley de Bases el próximo martes. "Todo aumento de derechos a la exportación que resulte de la ´ley ómnibus´ tiene un impacto negativo en la competitividad de Argentina", reflejó la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

La entidad expresó su preocupación en un comunicado donde cuestionó el aumento de Derechos a la Exportación (DEX), especialmente, en manufacturas de origen industrial y agroindustrial que "contrasta con la tendencia mundial de subsidios y políticas industriales expansivas".

El impacto de las retenciones en las exportaciones"ha llevado a una reducción significativa en la participación mundial de Argentina, llegando al 0,25% en 2023", precisó Fernando Landa, titular de CERA y aclaró que esto se traduce en pérdidas anuales de u$s 42.000 millones y un estancamiento de las exportaciones totales durante los últimos 16 años.

La Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC), explicó que en el esquema vigente los productos más representativos del sector autopartista ya afrontan una carga por derechos de exportación del 3%. "Un aumento al 15% de retenciones dejaría fuera de competencia a gran parte de la actividad exportadora de autopiezas que es tomadora de precios en el mercado internacional, sin ningún tipo de capacidad de influir sobre ellos", señaló.

En efecto, al no poder modificar el precio de venta, la situación actual pasaría de una contribución marginal del 4% a una contribución marginal negativa del 8%, lo que torna "inviables" las operaciones.

Tras cerrar el 2023 con exportaciones por u$s 1312 millones, con una caída de 13,9% respecto a 2022, el autopartismo alertó que el incremento de retenciones afectaría "en el cortísimo plazo", u$s 370 millones y, "cómo mínimo", 5.000 empleos, en una industria que emplea a más de 48.000 trabajadores de manera directa.

A nivel regional, desde la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) estimaron una caída de las exportaciones santafesinas de u$s 4.105 millones al año y una pérdida en la recaudación de u$s 93,4 millones.

En el nuevo esquema que propone el oficialismo, un grupo de economías regionales se beneficiarán con una alícuota de cero por ciento, sin embargo, la carga recaería sobre los productos con valor agregado que demandan mayor cantidad de mano de obra e inversión, explicó Román Guajardo, directivo de Fisfe.

"Exportar una papa sin pelar no tiene retenciones, pero exportarlas cortadas, empaquetadas y congeladas sí tiene que pagar un 15%", cuestionó y apuntó al efecto "primarizador de la economía" que tiene el impuesto.