En la Casa Rosada no sorprendió que la oposición avanzara con una serie de pedidos de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras que en el Gobierno desestiman que tendrán el aval de las provincias para removerlo de su cargo, se preparan para dar una pelea reglamentaria y trabar a la oposición.
"Es todo un show y está mal planteado", opinó una de las autoridades libertarias en diálogo con El Cronista. Lo que tienen a favor es que no hay precedentes de haber intentado avanzar en este sentido, por lo que hay cuestiones del procedimiento que quedan a libre interpretación.
Una de ellas tiene que ver con la cuestión si el pleno puede votar la moción de censura en el acto o si deberá presentar un pedido aparte para hacerlo. A priori, los pedidos que llovieron durante las últimas horas son para interpelar al jefe de Gabinete en el marco del inicio del tratamiento de moción de censura pero no explícitamente para desplazarlo.
La oposición, de todos modos, está confiada en que podrá conseguir los votos para llegar a esa instancia: solamente necesitan la mitad más uno de los miembros.
El argumento que esbozaron las últimas horas fuentes del oficialismo en estricto off the record, luego de que el ministro coordinador se mostrara predispuesto a ir al Congreso si es interpelado, es que la oposición no tiene una base argumentativa sólida para remover a Francos de su cargo.
Los pedidos de moción de censura avanzaron por parte de bloques del peronismo y la oposición "medio" luego de que el Gobierno dispusiera en el decreto de promulgación que la Ley de Emergencia en Discapacidad no podía ser ejecutada hasta que se establezca su fuente de financiamiento.
El argumento de base es que el artículo 5 de la ley 24.629 expresa que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
"Esa ley también tienen que respetarla los legisladores", discuten desde el Gobierno.
La medida, además, fue acompañada de un aumento presupuestario de $121.363.881.238 para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para otorgar subas a los prestadores a partir del 1 de octubre, como contó El Cronista.
Esto último es clave para el Gobierno, ya que la ley que sancionó el Congreso únicamente esboza en su artículo de Financiamiento que se lo faculta al jefe de Gabinete a reasignar las partidas correspondientes.
Con la inyección presupuestaria a la ANDIS, en LLA consideran que el jefe de Gabinete sí dispuso esa recaudación de partidas que expresamente pide la ley. En consecuencia, la moción no se fundamenta en cuanto a la idoneidad del puesto en discusión, ya que Francos habría cumplido con su parte.
La estrategia de no ir hacia la judicialización de la ley y en cambio frenarla desde la promulgación fue orquestada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el propio asesor presidencial, Santiago Caputo, que comanda ambas áreas junto a la de Salud, con Mario Lugones al frente, la encargada de llevar adelante las medidas en al ANDIS mediante el interventor Alejandro Vilches.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además le había advertido a Francos sobre la posibilidad de que la oposición pida por su cabeza por no implementar la ley de discapacidad. Todo fue premeditado y estudiado.
Desde el oficialismo destacaron además que todo se trata de una avanzada electoralista y que montaron un show de campaña en el Congreso, de la mano de otras medidas sensibles para el Gobierno.
Las últimas además atentan directo contra la hermana del jefe de Estado, como la interpelación a Karina Milei por la causa ANDIS que fue dictaminada este martes; y la avanzada por el nuevo Régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que tiene fecha de dictamen el próximo 30 de septiembre.
En el Gobierno ya anticiparon que vetarán esta última y que la secretaria general de la Presidencia no asistirá al Congreso.
En cambio, Francos sí se dispuso a asistir ante una eventual interpelación: "Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré", dijo en declaraciones radiales. De todos modos, primero debe ser tratada en la comisión de Asuntos Constitucionales que comanda Nicolás Mayoraz, un hombre de LLA. En Casa Rosada creen que no podrán avanzar sin un emplazamiento, puesto que dudan que la oposición reúna los dos tercios para tratarlo sobre tablas.
En este sentido, la llave para las mayorías la tienen los gobernadores. Fuentes del Gobierno destacaron que creen que los mandatarios provinciales no se van a prestar a remover a Francos y menos con el Presupuesto 2026 en puerta. "Hay que ver si a las provincias les conviene que se ponga a otro interlocutor", ironizaban desde Balcarce 50.
Otra cuestión no menor es cuál es el alcance de la moción de censura, puesto que desde el Gobierno también destacaron que en realidad nada impide que de ser removido pueda ser designado nuevamente en su cargo.
En la reconfiguración de la estrategia de diálogo, en el Gobierno ven a Francos como la figura central en el avance con los gobernadores y el ministro coordinador se convirtió en una de las piezas fundamentales para el establishment.
El presidente Javier Milei lo empoderó en varias oportunidades, la última siendo la delegación a Francos para encabezar una Mesa Federal con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también Lisandro Catalán, la mano derecha del jefe de Gabinete a quien designaron como ministro del Interior.
