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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció hoy un nuevo convenio de intercambio de información con las provincias, en el marco del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. La medida, que busca incentivar el uso de dinero no declarado, condicionó el acceso a datos tributarios a la adhesión de las jurisdicciones al régimen.
Según el comunicado oficial, las provincias que no suscriban al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias perderán el acceso a información sobre facturación de personas y empresas, así como a registros de consumos superiores a $50 millones. Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA, afirmó que el objetivo fue "devolverle la libertad económica a la gente" y evitar que los gobiernos provinciales "persigan a los ciudadanos".
"Vamos a eliminar los regímenes de información con las provincias que no se sumen al nuevo régimen. No van a tener la información para poder perseguir a los contribuyentes", sostuvo Pazo durante una conferencia. El mensaje apuntó directamente a distritos opositores como la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, criticó el plan nacional.
Riesgos legales y escepticismo provincial
La estrategia del Gobierno nacional enfrentó escepticismo entre tributaristas y autoridades provinciales. César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, advirtió a El Cronista que los contribuyentes aún carecen de seguridad jurídica: "Hasta que no estén las modificaciones en las leyes, no hay certeza de que los consumos con dólares del colchón no acarreen consecuencias nefastas".
Desde la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard cuestionó la falta de claridad normativa: "No hubo modificaciones concretas. Las medidas difundidas parecieron más una promesa electoral que una política tributaria efectiva".
Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, coincidió en que el plan no elimina riesgos: "Si bien el Ejecutivo dice que ‘tapará los ojos', las provincias mantienen herramientas para investigar. Hay leyes que tipifican el uso de dólares no declarados como evasión".
Estrategia centralizadora y cambios en los controles
La iniciativa de ARCA forma parte de una estrategia más amplia para reducir la vigilancia sobre consumos cotidianos y focalizarse en grandes evasores. Entre los cambios, se eliminó la obligación de reportar operaciones con tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales, expensas, autos usados y servicios públicos.
Además, los bancos ya no podrán exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales para operar con clientes. "El exceso de controles hizo que mucha gente se fuera del sistema. Ahora hay que pensar en la buena fe", argumentó Pazo.
El dilema legislativo y la pulseada con las provincias
Pese al avance del Gobierno, los proyectos de ley que blindarían a los contribuyentes aún no ingresaron al Congreso. Fuentes oficiales de ARCA no precisaron cuándo se enviarán las iniciativas, que modificarían la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confió en que los gobernadores apoyarán el plan ante el potencial aumento de recaudación por IVA e Ingresos Brutos. Sin embargo, hasta ahora, el oficialismo no inició negociaciones formales con legisladores aliados.
Litvin recordó un antecedente clave: "En el último blanqueo, Buenos Aires no se adhirió. El Gobierno debe invitarlas a no molestar a quienes usen sus ahorros". Sebastián Domínguez, tributarista, aclaró que las provincias aún podrían cobrar impuestos sobre esos fondos: "No hay un régimen de adhesión obligatorio. Solo una invitación a tomar medidas similares".
Incertidumbre y recomendaciones cautelares
Frente a este escenario, los expertos recomendaron prudencia. Ghirardotti sugirió usar efectivo en comercios que no reporten consumos: "Si son bienes registrables, el Estado puede saberlo". Litvin insistió en que los más expuestos son quienes pagan Ingresos Brutos, ya que las provincias conservan facultades de fiscalización.
Mientras el Gobierno apuesta a una "nueva era" de libertad económica, la tensión entre la centralización fiscal y la autonomía provincial marcó el ritmo de una pulseada cuyos efectos concretos dependerán de una legislación aún pendiente.
