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Luego de que se de a conocer el índice de empleo y salario del INDEC, la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano presentó una lectura alternativa de la evolución salarial en la Argentina que coincidió con el levantamiento de la restricción judicial sobre la reforma laboral. “Los empresarios tienen más herramientas para aumentar los salarios y contratar gente”, incentivó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La presentación oficial descansa sobre tres ejes: la distinción entre el salario de convenio y el ingreso efectivo medido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la evolución de la participación de los asalariados en el ingreso nacional, y una reinterpretación de la tasa de desocupación.
“Los empresarios tienen que tomar conciencia de que tienen que aumentar”, definió el funcionario.
La medición que mira el Gobierno
El SIPA es el registro administrativo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consolida a partir de lo que las empresas declaran mensualmente para el pago de aportes y contribuciones. A diferencia del Índice Salarial (IS) que publica el INDEC —que releva el básico de convenio y los componentes normales y permanentes—, el SIPA incorpora también bonos, horas extras, sumas no remunerativas y premios por productividad que quedan fuera del acuerdo paritario.
Esa diferencia produce trayectorias divergentes. Con base 100 en noviembre de 2023, el salario medio del empleo privado registrado medido por el SIPA se ubicó en 103 puntos en febrero de 2026: tres puntos por encima del nivel inicial de la gestión. El IS del INDEC, en cambio, cayó a 96 puntos en el mismo período.
Las dos curvas arrancaron juntas en noviembre de 2023, se separaron progresivamente desde mediados de 2024. “Se separan a partir del segundo semestre del 2024, cuando comienza el crecimiento económico. A partir de ese momento, las empresas empiezan a pagar más que las paritarias”, explicaron fuentes técnicas de la cartera ante El Cronista.
Hoy muestran una brecha de siete puntos. Esa brecha es, para el Gobierno, la evidencia de que una parte creciente del salario real no aparece en las estadísticas tradicionales. “El salario paritario es superado por el SIPA”, fue la lectura contundente de Cordero, para ilustrar que el ingreso efectivo que los trabajadores perciben va por encima de lo que los acuerdos de convenio reflejan.
“Buscamos que el salario paritario sea el piso”, afirmó en ese sentido, e hizo foco en que hubo una resignificación con la baja inflacionaria. “Con la inflación acelerada la intangibilidad del salario era inexistente, hoy se respeta y la paritaria tiene otro sentido, antes era solo correr detrás de la inflación”, consideró. “Esto nos muestra que el vaso está más lleno de lo que realmente se mira”, sumó.
La lectura tiene un límite evidente: funciona mejor en empresas medianas y grandes con capacidad de pagar adicionales. En las PyMEs y en los sectores de mayor exposición a la economía interna, el básico de convenio suele ser el ingreso único.
El INDEC registró que los salarios del sector privado registrado avanzaron 28,7% en 2025, contra una inflación acumulada de 31,5%: una pérdida real de 2,7 puntos porcentuales que fue transversal a todos los segmentos del empleo formal.
La participación asalariada en el producto
El segundo indicador que la Secretaría de Trabajo puso en el centro de la presentación es la participación de los asalariados en el ingreso nacional, elaborado a partir de la Cuenta Generación de Ingresos de las Cuentas Nacionales del INDEC. Según los datos oficiales de la cartera, esa participación pasó del 45,1% en 2023 al 45,5% en 2025, una suba de 0,4 puntos porcentuales que la Secretaría califica como el nivel más alto desde 2020.
El dato más destacado es el del sector privado en particular. La participación de los asalariados privados en el ingreso nacional trepó del 36% en 2023 al 37,8% en 2025, un incremento de 1,7 puntos porcentuales que representa el valor más elevado desde 2018. El pico histórico de la serie, que arranca en 2016, fue de 42,9% en ese mismo año, lo que indica que la recuperación, aunque real según la medición oficial, aún está lejos de los niveles previos al ciclo de alta inflación.
Para el Gobierno, ese indicador es más robusto que el salario nominal porque mide cuánto del valor generado por la economía queda efectivamente en manos de los trabajadores, independientemente de si la inflación sube o baja. Cordero lo presentó como evidencia de que la política laboral no deterioró la posición relativa de los asalariados dentro del producto, aun en el contexto de ajuste fiscal y caída del consumo que caracterizó a 2024.
El debate sobre la tasa de desocupación
El tercer eje es una reconstrucción de la tasa de desempleo que la Secretaría elabora sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, pero con un ajuste metodológico propio: incorpora a algunos de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que antes eran contabilizados como ocupados.
Bajo esa corrección, la tasa de desocupación al inicio de la gestión actual —cuarto trimestre de 2023— no era del 7,7% que registró el INDEC, sino del 9,3% según la estimación de la propia Secretaría. La lógica es que los beneficiarios del Potenciar Trabajo recibían un ingreso del Estado pero no tenían inserción en el mercado laboral formal, y que contabilizarlos como ocupados distorsionaba la fotografía real del desempleo.
La serie recalculada muestra que la tasa subió al 9,3% en el primer trimestre de 2024 y fue bajando en forma escalonada: 9% en el segundo trimestre de 2024, 8,2% en el tercero, 7,4% en el cuarto. En 2025 la tendencia continuó: 8,7% en el primer trimestre, 8,2% en el segundo, 7,4% en el tercero y 7,5% en el cuarto trimestre, según la estimación oficial.
“La desocupación no ha aumentado como se podría pensar”, sostuvo Cordero. El secretario reconoció, sin embargo, que los cálculos no tienen aún “el cálculo extremadamente fino” que permitiría cuantificarlos con total precisión.
El argumento tiene un costado político claro. Si la tasa de partida era en realidad 9,3% y hoy se ubica en torno al 7,5%, el Gobierno puede presentar una reducción del desempleo de casi dos puntos, en lugar de la leve variación que surge de comparar el 7,7% inicial del INDEC con los valores actuales.
Lo que no surge de la presentación oficial es cuántos de esos 950.000 beneficiarios del Potenciar que la Secretaría considera “desocupados encubiertos” lograron efectivamente insertarse en el mercado formal.
La reforma laboral como acelerador
La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de revocar la cautelar que suspendía 83 artículos de la Ley 27.802 —la reforma laboral— llegó este jueves y atravesó toda la discusión.
La Cámara resolvió que la apelación del Estado debía tener efecto suspensivo, lo que dejó sin efecto la medida que el juez Enrique Ojeda había dictado el 30 de marzo a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma continúa en trámite, y el Gobierno también presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Con la ley vigente, Cordero planteó que el sector privado tiene ahora un conjunto de herramientas para aumentar el ingreso de los trabajadores sin depender exclusivamente de la paritaria.
Entre ellos, bonos por productividad, sumas no remunerativas acordadas empresa por empresa, el financiamiento total o parcial del transporte público según el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo —modificado por la reforma—, y la posibilidad de pactar libremente modificaciones en las jornadas laborales. “Los empresarios tienen que tomar conciencia de que tienen que aumentar cuando pueden”, afirmó.
La reglamentación de algunos artículos clave de la ley —en particular los que establecen rebajas en las cargas sociales para nuevas contrataciones— aún no tiene fecha. Cordero indicó que ese proceso requiere trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que el objetivo es avanzar “lo antes posible”, sin precisar un horizonte.
La presentación de la Secretaría de Trabajo expresa una apuesta política consistente: si la inflación baja, la paritaria deja de ser el termómetro más relevante del bienestar laboral y el ingreso efectivo —medido por el SIPA— pasa a ser la variable central. La reforma laboral, ahora sin la cautelar que la frenaba, es el instrumento que el Gobierno espera que los empleadores usen para cerrar, empresa por empresa, la brecha entre el piso del convenio y el techo de lo que el negocio puede pagar.
