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Los presidentes de las cámaras federales y nacionales del país expresaron su "extrema preocupación" por las palabras del Presidente".

Así, Alberto Fernández suma un nuevo repudio, tras el documento publicado por la Asociación de Magistrados, también en apoyo de los integrantes de la Corte Suprema.

Ahora, el colectivo de camaristas planteó que el mensaje presidencial del 1 de marzo fue un "verdadero ataque a las autoridades de otro poder del Estado, representado institucionalmente por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, y su vicepresidente, el doctor Carlos Rosenkrantz".

La Justicia remarcó la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, además de reclamar que "se valore la independencia judicial y se impida todo acto de avasallamiento ajeno a un Estado de Derecho y al espíritu republicano que debe guiar los actos de gobierno".

La declaración fue firmada por los letrados Javier Leal de Ibarra, titular del cuerpo y presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, junto a Alberto Dalla Vía (Cámara Nacional Electoral) y Jorge Morán (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), a quienes se sumaron otros titulares de más de 20 cámaras del país.

Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

"Así como hemos mantenido una tenaz y consolidada posición en contra de cualquier tipo de iniciativa formulada contra las instituciones democráticas de nuestro país, advertimos con extrema preocupación que un acto de singular trascendencia institucional, como lo es la apertura de un año legislativo, sea utilizado como excusa para enmascarar un verdadero ataque a las autoridades de otro poder del Estado, representado institucionalmente por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, y su vicepresidente, el doctor Carlos Rosenkrantz", pronunció la Justicia.

"En esta línea, instamos a no desnaturalizar la atribución presidencial de abrir anualmente las sesiones del Congreso a los fines de dar cuenta del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes", advirtieron.

"Una vez más, convencidos de que no será sino sobre la base de un incondicional respeto a la Constitución nacional que será posible alcanzar el equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y el tan anhelado fortalecimiento de las instituciones, exhortamos a las autoridades responsables a que enaltezcan el interés supremo de la ley y de la Justicia, contribuyendo con el respeto al principio de división de poderes; a que se valore la independencia judicial, se impida todo acto de avasallamiento ajeno a un Estado de Derecho y al espíritu republicano que debe guiar los actos de gobierno", expresó a través de un comunicado.

"Por esta razón llamamos a la reflexión -sostuvieron- para que cada órgano del Estado asuma y cumpla el rol que la Constitución le tiene asignado, evitando que con actitudes como la que por este acto reprobamos, se dañen innecesariamente las instituciones, cuya solidez es indispensable para avanzar hacia un verdadero Estado republicano en el que se preserven los derechos y las libertades de todos los ciudadanos", aseguraron.

Los fiscales, preocupados

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Poder Judicial advirtieron que existe el propósito "una vez más, de perturbar de forma grave la independencia de la función judicial, toda vez que el titular del Poder Ejecutivo efectuó agravios inoportunos e infundados sobre el desempeño de magistrados en causas judiciales en trámite, algunas de las cuales tienen una condena que aún no se encuentra firme, dictada por un tribunal oral en el marco de un debido proceso, como lo requiere la Constitución nacional".

Para la agrupación de fiscales, el mensaje presidencial genera "profunda preocupación" y exigieron "preservar la institucionalidad y acrecentar la independencia del Poder Judicial". El texto lleva la firma del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, de su vice Susana Pernas, entre otros.